Administración General del Estado


La Administración General del Estado (AGE) es una de las Administraciones Públicas de España, caracterizada por su competencia sobre todo el territorio nacional, en contraposición a las Administraciones autonómicas y locales.[1]

Según recoge la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 55, está integrada por:

Su régimen general se recoge en el artículo 103 de la Constitución Española de 1978 y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), la cual establece que la AGE, bajo la dirección del Gobierno de la Nación y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, sirve con objetividad los intereses generales, desarrollando funciones ejecutivas de carácter administrativo.

La LRJSP, en su artículo 2, la incluye como uno de los cuatro tipos de administraciones que integran el sector público: la Administración General del Estado, la de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.

Los ministros son los titulares de un Ministerio, teniendo la jefatura jerárquicamente superior del ramo en cuestión. Desempeñan la función de eje entre su respectivo Departamento ministerial y el propio órgano de Gobierno, del que forman parte. De esta manera, son la cabeza de un determinado sector del aparato administrativo, y a la vez, son el elemento base de un órgano de carácter político, como es el propio Gobierno.

Son nombrados y separados por el rey de España a propuesta del presidente del Gobierno. En el supuesto de que el propio presidente cese, sus ministros dejarán el cargo junto con él, algo completamente lógico habida cuenta de que el vínculo de confianza entre el Poder legislativo y el Poder ejecutivo se produce a través de la figura del jefe del Ejecutivo, con lo que es lógico que si se rompe tal eslabón, todos los componentes del ejecutivo caigan con él. En la misma línea, el presidente será el encargado de determinar el número y competencias de los Ministerios.


Logotipo de la Administración General del Estado, usado de manera irregular hasta la adopción de la marca «Gobierno de España» en 2007