Gobierno de España
El Gobierno de España, también denominado Gobierno central o Gobierno de la nación, es el órgano constitucional que encabeza el poder ejecutivo del Reino de España y dirige la Administración General del Estado. Según la Constitución española, sus funciones son dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado; así como de ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
El Gobierno es políticamente dependiente y responsable ante el Congreso de los Diputados, que lo elige a través de la investidura o censura de su presidente, conforme al sistema parlamentario establecido por la Constitución de 1978. Además, el Congreso puede destituir al Gobierno mediante la moción de censura. Su regulación fundamental se sitúa en el Título IV de la Constitución, así como en el Título V de dicho documento —respecto de su relación con las Cortes Generales—, y en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
El actual Gobierno de España es el Segundo Gobierno Sánchez, presidido por Pedro Sánchez en una coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos. Se compone de veintidós ministerios, tres de ellos vicepresidencias, además de la Presidencia del Gobierno. Sánchez tomó posesión del cargo el 2 de junio de 2018 tras la adopción de una moción de censura contra Mariano Rajoy (PP), el anterior titular. Tras las elecciones generales de España de noviembre de 2019, fue investido por segunda vez el 8 de enero de 2020.[2]
Según el artículo 98 de la Constitución Española y el artículo 1.2 de la Ley del Gobierno, el Gobierno de España está compuesto por:
De acuerdo con el artículo 11 de la Ley del Gobierno, «para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme».
Los miembros del Gobierno gozan de un fuero procesal penal propio, de manera que habrán de ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.[3]
