Igualdad de género
La igualdad de género implica que todas las personas tengan los mismos derechos, recursos y oportunidades independientemente de su identidad de género y sean tratadas con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana: trabajo, salud, educación.[1][2][3][4][5] El principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo es una obligación de derecho internacional general que vincula a todas las naciones y, dado su carácter primordial, se establece siempre como un principio que debe inspirar el resto de los derechos fundamentales.
A escala mundial, lograr la igualdad de género también requiere la eliminación de prácticas dañinas contra las mujeres y las niñas, que incluyen el tráfico sexual, el feminicidio, la violencia sexual durante la guerra entre otras prácticas de violencia contra la mujer. En todo el mundo «las mujeres están por debajo de los varones en todos los indicadores de desarrollo sostenible».[6] Las desigualdades de género se observan en que:
El FNUAP declaró que «a pesar de que muchos acuerdos internacionales afirman sus derechos humanos, las mujeres son mucho más propensas que los hombres a ser pobres y analfabetas. Tienen menos acceso a la propiedad, el crédito, la capacitación y el empleo. Son mucho menos propensas que los hombres a ser políticamente activas y mucho más propensas a ser víctimas de violencia doméstica».[23]
El derecho internacional prohíbe la discriminación basada en el sexo. La adopción de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945 ha posicionado el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación en la órbita de los derechos fundamentales.
La Organización de las Naciones Unidas completó el catálogo de derechos jurídicamente vinculantes para todos los estados miembros a través de los siguientes documentos:
Más importancia para la igualdad de género tiene la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, del 18 de diciembre de 1979,[25] ratificada por España en 1983 y publicada en el BOE en 1984, y en su Protocolo Facultativo, ratificado y en vigor desde el año 2001, que establecen que:
