Inquisición
El término inquisición (del latín inquisitio, "averiguación", "investigación"), en sentido amplio, es un tribunal religioso que averigua y castiga los delitos contra la fe. Más específicamente, la Inquisición o Santa Inquisición hace referencia tanto al proceso legal como a las instituciones de la Iglesia católica y en varias ocasiones a la protestante dedicadas a la supresión de lo que consideraban «herejía». Las herejía contrarias a la religión en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de esta se derivan todas las demás. El juez que preside un tribunal inquisitorial recibe el nombre de inquisidor.
La Inquisición medieval se fundó en 1184 en la zona de Languedoc (en el sur de Francia) para combatir la herejía de los cátaros o albigenses. En ese año el papa Lucio III promulgó la decretal Ad abolendam en la que ordenó que se establecieran tribunales episcopales en toda la Cristiandad Latina que se ocuparan de la herejía [1]. Era un tribunal refrendado por Federico I Barbarroja, sin pena de muerte. Ya antes, en 1166, Enrique II de Inglaterra castigó a 30 herejes. En 1249 se implantó también en el reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal; y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, se extendió a esta con el nombre de Inquisición española (1478-1834), bajo auspicio de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a los territorios conquistados en lo que se denominaría América: la Inquisición portuguesa (1536-1821) y la Inquisición romana (1542-1965). En 1600 se emitió la orden de no incoar más procesos 'por sodomía', por blasfemar, por practicar bestialismo, por herejía y por acusaciones de judaizar en secreto.
Aunque en los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso contra católicos, contra reformadores radicales como los anabaptistas y contra supuestos practicantes de brujería, los tribunales se constituían en el marco del poder real o local, generalmente adecuado para cada caso concreto y no constituyeron una institución específica.
En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión tolerada en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes.[2]
En respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el siglo XII en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, la cual no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia católica con relación a la salvación, al matrimonio y otras instituciones de la sociedad. Como reacción, el papa Inocencio III organizó una cruzada contra los albigenses promulgando una legislación punitiva contra ellos. Sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter la herejía no estuvieron bien coordinados y fueron ineficaces.
