Paraíso fiscal
Un paraíso fiscal,[1] refugio fiscal o guarida fiscal[2] (en inglés, tax haven, ‘refugio fiscal’)[Nota 1][4] es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo.[5] Típicamente, estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos, así como el secreto bancario.[6]
Los paraísos fiscales son uno de los instrumentos más utilizados por las personas y empresas que practican la elusión y la evasión fiscal. Esto hace referencia a evitar la responsabilidad del pago de impuestos fiscales que las leyes de un Estado imponen para mantener el equilibrio entre la armonía y las obligaciones existentes en el mismo; como el gasto público, pago de las deudas e inversiones (tanto sociales como de infraestructura), es un tema considerado como controversial debido a que en la mayoría de los casos se considera un acto de inmoralidad pública el querer ocultar las verdaderas cantidades de dinero que se posee e inmediatamente se asocia ese hecho como una actividad ilícita. Habitualmente los paraísos fiscales, aunque existiendo acuerdo de doble imposición, incumplen el intercambio de información tributaria.[7][8][9]
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),[10] cuatro factores clave son utilizados para determinar si una legislación configura un paraíso fiscal:
Una característica de un paraíso fiscal es que en el mismo suelen convivir dos regímenes fiscales diferenciados y legalmente separados.
Para facilitar la separación de estas dos economías paralelas, usualmente se cuenta con legislación e instituciones especialmente reservadas a los no residentes, como los bancos offshore o las sociedades IBC (International Business Companies).
Otro rasgo identificatorio de un paraíso fiscal suele ser la existencia de estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales. Es habitual que los datos de accionistas y directores de empresas no figuren en registros públicos, sino que se encuentren bajo la custodia de su representante legal, el llamado agente residente (registered agent).
