Poder ejecutivo


En ciencia política y derecho, el poder ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. Se distingue así del poder legislativo, que aprueba o deroga leyes, y del poder judicial, que las interpreta, hace respetar o invalida.

En los sistemas políticos que utilizan la fusión de poderes, que suelen incluir los sistemas parlamentarios, sólo el ejecutivo suele denominarse gobierno (y el legislativo suele denominarse "Parlamento" o simplemente "legislatura"), que suele formar parte de la confianza y apoyo de la legislatura (requiere el apoyo/aprobación de ésta) y, por tanto, está fusionado con el poder legislativo en lugar de ser independiente. En los sistemas en los que la legislatura es soberana, los poderes y la organización del ejecutivo dependen completamente de los poderes que le otorgue el legislativo y las acciones del ejecutivo pueden estar o no sujetas a revisión judicial, algo que también controla el legislativo. El ejecutivo también puede tener poderes legislativos o judiciales en los sistemas en los que el poder legislativo es soberano, por lo que a menudo se denomina al ejecutivo como gobierno, ya que a menudo posee poderes no ejecutivos.

El poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta leyes y políticas que tienen que ser aplicadas; representa a la nación en sus relaciones diplomáticas; y sostiene a las fuerzas armadas.[1]​ En los estados democráticos, el poder ejecutivo está considerado como administrador y ejecutor de la voluntad popular a la cual representa y de la que debe ser su más firme garante.

La doctrina jurídica del derecho administrativo y del constitucional plantea una disyuntiva de tipo nominal para designar a este poder del Estado.

Algunos lo denominan Poder Ejecutivo y otros Poder Administrativo. Sin embargo, es esta última versión la que describe de mejor manera las funciones de esta potestad, debido a que la ostentación de esta potestad jurídica no solo supone la ejecución de reglas, sino que también implica la administración a través del dictamen de otras normas (reglamentos, decretos, instructivos). En algunas jurisdicciones es común que se le deleguen potestades legislativas a quien también ostenta el cargo de presidente, aunque esto no se debe confundir con la potestad administrativa, que bajo mandato constitucional le da esas facultades al presidente o primer ministro.

Esto último suele traer problemas de competencia legal, es decir, de confusiones entre qué se le está permitido realizar a cada potestad, y suele ser esta disyuntiva un argumento a favor para la justificación de los Tribunales Constitucionales.