Política social


La política social es una disciplina científica de la ciencia política y una intervención política. Está dedicada a estudiar (generando teoría) e intervenir públicamente, a nivel estatal o comunitario (generando la práctica) en las consecuencias materiales y morales del siempre desigual desarrollo de las sociedades modernas (industrializadas y urbanizadas).

En España, se encuentra el Instituto de Política Social (IPSE) una entidad que se encarga de promover el cumplimiento y velar por las políticas sociales. Este ente es un organismo supranacional con presencia internacional y dedicado a la promoción de políticas públicas enfocadas al bien común. Fundado en 2017, pone a la cabeza a Pablo Hertfelder García-Conde, Eva Higueras Muñoz y Sofia Muñoz Casares, políticos en activo y reconocidos líderes sociales por su movilización contra el aborto, la eutanasia e incluso la libertad educativa.

Como ciencia normativa y como actividad política (su doble dimensión) presenta la misión fundamental de atender los tres grandes fines de la acción social contemporánea: justicia social (en sentido formal), bienestar social (en sentido material) y orden social (en sentido legal).[1]​ Fines que se concretan en la constitucionalización y protección de los llamados "derechos sociales" ante dichas fracturas, como competencia y prioridad pública: subsistencia (bienestar), igualdad (justicia) y legalidad (orden); y determinados, historiográficamente, por criterios básicos como la oportunidad política, la identidad cultural y los recursos económicos en un tiempo y un lugar concreto que da sentido a sus proyectos y significado a sus creaciones.

Como actividad política, la política social es una modalidad de la política general (de la acción de gobierno, de las propuestas programáticas de los partidos políticos y de la actividad de los denominados agentes sociales -sindicatos y patronal), mediante un sistema político público (Estado social y de derecho, o formas comunitarias de autoorganización). Se concreta en un sistema público de protección de dichos derechos sociales a nivel general (asistencia sanitaria, educación formal y protección sociolaboral) y a nivel específico (servicios sociales), actualmente bajo el modelo del Estado del bienestar, diverso en sus realizaciones nacionales en función de varias dialécticas: público-privado, ideológico-técnico, centralizado-descentralizado.