Preso político


Un preso político o prisionero político es cualquier persona física que pertenezca a un partido político o sector político, a la que se mantenga en la cárcel o detenida de otro modo, por ejemplo bajo arresto, sin haber cometido un delito tipificado sino porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea. Se distingue del preso de conciencia, que se caracteriza por el no empleo ni propugnación de la violencia.

Según la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un preso político debe considerarse como tal únicamente si:[1]

Puesto que las opiniones o actitudes no suelen ser objeto de legislación, suele ser difícil determinar exactamente quiénes son prisioneros políticos a partir de los cargos que se les imputan; una excepción la constituyen los acusados de traición o espionaje, que sin embargo no se cuentan generalmente como presos políticos. La condición de preso político, por lo tanto, suele ser objeto de disputas; muchos de los prisioneros considerados políticos por grupos activistas son calificados por los gobiernos a los que se oponen de "terroristas" o "subversivos".

En consecuencia, rara vez una autoridad estatal admite la existencia de presos políticos; los críticos del gobierno aducen que los procedimientos legales empleados están solamente diseñados para ocultar la condición de preso político. Esto puede incluir la invención de cargos criminales, o la negativa de beneficios concedidos a otros presos en situación semejante, así como la aplicación de poderes especiales, como el estado de excepción.

La legislación actual considera, por lo general, que la prisión por motivos políticos es una violación a los derechos humanos de libertad de conciencia y expresión. Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, se movilizan en todo el mundo solicitando un juicio justo para los presos políticos.

Amnistía Internacional aboga solo por la liberación de los prisioneros de conciencia (PC), que son aquellas personas que son privadas de libertad por su procedencia étnica, tendencia sexual, creencia religiosa, origen nacional o social, u otras circunstancias, y no han utilizado la violencia ni abogado por ella.[2]​ Para los presos políticos que hayan propugnado o utilizado la violencia, AI pide juicios justos.[3]