La Ley de Derechos Electorales de 1965 es una pieza histórica de la legislación federal en los Estados Unidos que prohíbe la discriminación racial en la votación . [7] [8] Fue promulgada por el presidente Lyndon B. Johnson durante el apogeo del movimiento de derechos civiles el 6 de agosto de 1965, y el Congreso posteriormente enmendó la ley cinco veces para ampliar sus protecciones. [7] Diseñado para hacer cumplir los derechos de voto garantizados por las Enmiendas Decimocuarta y Decimoquinta de laConstitución de los Estados Unidos , la ley buscaba asegurar el derecho al voto de las minorías raciales en todo el país, especialmente en el sur . Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos , se considera que la Ley es la legislación federal sobre derechos civiles más eficaz jamás promulgada en el país. [9] También es "una de las leyes de derechos civiles de mayor alcance en la historia de Estados Unidos". [10]
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| Título largo | Una ley para hacer cumplir la decimoquinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y para otros fines. |
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| Siglas (coloquial) | VRA |
| Apodos | Ley de derechos de voto |
| Promulgado por | el 89 ° Congreso de los Estados Unidos |
| Eficaz | 6 de agosto de 1965 |
| Citas | |
| Ley Pública | 89-110 |
| Estatutos en general | 79 Stat. 437 |
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| Títulos modificados | Título 52 — Votación y elecciones |
| Secciones de la USC creadas | |
| Historia legislativa | |
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| Enmiendas importantes | |
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| Casos de la Corte Suprema de Estados Unidos | |
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La ley contiene numerosas disposiciones que regulan las elecciones. Las "disposiciones generales" de la ley brindan protecciones a nivel nacional para los derechos de voto. La Sección 2 es una disposición general que prohíbe a todos los gobiernos estatales y locales imponer cualquier ley de votación que resulte en discriminación contra las minorías raciales o lingüísticas. Otras disposiciones generales prohíben específicamente las pruebas de alfabetización y dispositivos similares que históricamente se utilizaron para privar de derechos a las minorías raciales. La ley también contiene "disposiciones especiales" que se aplican sólo a determinadas jurisdicciones. Una disposición especial fundamental es el requisito de autorización previa de la Sección 5, que prohíbe a ciertas jurisdicciones implementar cualquier cambio que afecte la votación sin recibir la aprobación previa del fiscal general de EE. UU. O del Tribunal de Distrito de EE. UU. Para DC de que el cambio no discrimina a las minorías protegidas. [11] Otra disposición especial requiere que las jurisdicciones que contienen poblaciones de minorías lingüísticas significativas proporcionen boletas bilingües y otros materiales electorales.
La Sección 5 y la mayoría de las demás disposiciones especiales se aplican a las jurisdicciones abarcadas por la "fórmula de cobertura" prescrita en la Sección 4 (b). La fórmula de cobertura fue diseñada originalmente para abarcar jurisdicciones que participaron en una discriminación atroz en el voto en 1965, y el Congreso actualizó la fórmula en 1970 y 1975. En el condado de Shelby v. Holder (2013), la Corte Suprema de EE. UU. Anuló la fórmula de cobertura por inconstitucional. razonamiento de que ya no respondía a las condiciones actuales. [12] El tribunal no derogó la Sección 5, pero sin una fórmula de cobertura, la Sección 5 no se puede hacer cumplir. [13] Las jurisdicciones que anteriormente habían sido cubiertas por la fórmula de cobertura aumentaron masivamente la tasa de purgas de registros de votantes después de la decisión de Shelby. [14]
La investigación muestra que la Ley aumentó de manera exitosa y masiva la participación y el registro de votantes, en particular entre los negros. [15] [16] La ley también se ha relacionado con resultados concretos, como una mayor provisión de bienes públicos (como educación pública) para áreas con mayor proporción de población negra, y más miembros del Congreso que votan por leyes relacionadas con los derechos civiles. [17] [18]
Fondo
Como se ratificó inicialmente, la Constitución de los Estados Unidos otorgó a cada estado total discreción para determinar las calificaciones de votante de sus residentes. [19] [20] : 50 Después de la Guerra Civil , las tres Enmiendas de Reconstrucción fueron ratificadas y limitaron esta discreción. La Decimotercera Enmienda (1865) prohíbe la esclavitud "excepto como castigo por un delito"; la Decimocuarta Enmienda (1868) otorga la ciudadanía a cualquier persona "nacida o naturalizada en los Estados Unidos" y garantiza a todas las personas el debido proceso y los mismos derechos de protección ; y la Decimoquinta Enmienda (1870) establece que "[e] l derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado o restringido por los Estados Unidos o por ningún Estado por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre. " Estas Enmiendas también facultan al Congreso para hacer cumplir sus disposiciones a través de "legislación apropiada". [21]
Para hacer cumplir las Enmiendas de Reconstrucción, el Congreso aprobó las Leyes de Ejecución en la década de 1870. Los actos tipificaron como delito la obstrucción del derecho al voto de los ciudadanos y preveían la supervisión federal del proceso electoral, incluido el registro de votantes . [22] : 310 Sin embargo, en 1875 la Corte Suprema derogó partes de la legislación por inconstitucional en Estados Unidos contra Cruikshank y Estados Unidos contra Reese . [23] : 97 Después de que terminó la Era de la Reconstrucción en 1877, la aplicación de estas leyes se volvió errática y, en 1894, el Congreso derogó la mayoría de sus disposiciones. [22] : 310
Los estados del sur en general buscaron privar de sus derechos a las minorías raciales durante y después de la Reconstrucción. De 1868 a 1888, el fraude electoral y la violencia en todo el sur suprimieron el voto afroamericano . [24] De 1888 a 1908, los estados del sur legalizaron la privación de derechos al promulgar leyes Jim Crow ; modificaron sus constituciones y aprobaron leyes para imponer varias restricciones de voto, incluidas pruebas de alfabetización , impuestos electorales , requisitos de propiedad de propiedad, pruebas de carácter moral, requisitos de que los solicitantes de registro de votantes interpreten documentos particulares y cláusulas de abuelo que permitían votar a personas que de otro modo no serían elegibles sus abuelos votaron (lo que excluyó a muchos afroamericanos cuyos abuelos habían sido esclavos o no eran elegibles). [22] [24] Durante este período, la Corte Suprema en general mantuvo los esfuerzos para discriminar a las minorías raciales. En Giles v. Harris (1903), el tribunal sostuvo que, independientemente de la Decimoquinta Enmienda, el poder judicial no tenía el poder de remediación para obligar a los estados a registrar a las minorías raciales para votar. [23] : 100
Antes de la promulgación de la Ley de Derechos Electorales de 1965, hubo varios esfuerzos para detener la privación del derecho al voto de los votantes negros por parte de los estados del sur [7] . Además de las pruebas de alfabetización y los impuestos electorales antes mencionados, se utilizaron otras restricciones burocráticas para negarles el derecho al voto. Los afroamericanos también "corrían riesgo de acoso, intimidación, represalias económicas y violencia física cuando intentaban registrarse o votar. Como resultado, muy pocos afroamericanos eran votantes registrados y tenían muy poco, si es que tenían alguno, poder político, ya sea a nivel local o nacionalmente." [25] En la década de 1950, el Movimiento de Derechos Civiles aumentó la presión sobre el gobierno federal para proteger los derechos de voto de las minorías raciales. En 1957, el Congreso aprobó la primera legislación de derechos civiles desde la Reconstrucción: la Ley de Derechos Civiles de 1957 . Esta legislación autorizó al fiscal general a demandar por medidas cautelares en nombre de personas cuyos derechos de la Decimoquinta Enmienda fueron denegados, creó la División de Derechos Civiles dentro del Departamento de Justicia para hacer cumplir los derechos civiles a través de litigios y creó la Comisión de Derechos Civiles para investigar los derechos de voto. privaciones. Se promulgaron más protecciones en la Ley de Derechos Civiles de 1960 , que permitió a los tribunales federales nombrar árbitros para llevar a cabo el registro de votantes en jurisdicciones que participaban en la discriminación electoral contra las minorías raciales. [9]
Si bien estos actos ayudaron a empoderar a los tribunales para remediar las violaciones de los derechos de voto federales, las estrictas normas legales dificultaron que el Departamento de Justicia prosiguiera con éxito el litigio. Por ejemplo, para ganar una demanda por discriminación contra un estado que mantuvo una prueba de alfabetización, el Departamento necesitaba demostrar que las solicitudes de registro de votantes rechazadas de las minorías raciales eran comparables a las solicitudes aceptadas de los blancos. Esto implicó comparar miles de solicitudes en cada uno de los condados del estado en un proceso que podría durar meses. Los esfuerzos del Departamento se vieron obstaculizados aún más por la resistencia de los funcionarios electorales locales, que afirmarían haber perdido los registros de registro de votantes de las minorías raciales, eliminar a las minorías raciales registradas de los registros electorales y dimitir para que cesara el registro de votantes. Además, el Departamento a menudo tuvo que apelar las demandas varias veces antes de que el poder judicial brindara alivio porque muchos jueces de los tribunales de distrito federal se oponían al sufragio de las minorías raciales. Por lo tanto, entre 1957 y 1964, la tasa de registro de votantes afroamericanos en el Sur aumentó solo marginalmente a pesar de que el Departamento litigó 71 demandas por derechos de voto. [23] : 514 Los esfuerzos para detener la privación del derecho al voto por parte de los estados del sur habían logrado solo un éxito modesto en general y en algunas áreas habían demostrado ser casi completamente ineficaces, porque "los esfuerzos del Departamento de Justicia para eliminar las prácticas electorales discriminatorias mediante litigios sobre un caso por- caso no había tenido éxito en la apertura del proceso de registro; tan pronto como se comprobara que una práctica o procedimiento discriminatorio era inconstitucional y se prohibía, se sustituiría por uno nuevo y el litigio tendría que comenzar de nuevo ". [7]
El Congreso respondió a la discriminación desenfrenada contra las minorías raciales en lugares públicos y servicios gubernamentales al aprobar la Ley de Derechos Civiles de 1964 . La ley incluyó algunas protecciones de los derechos de voto; requirió que los registradores administraran igualmente pruebas de alfabetización por escrito a cada votante y aceptaran solicitudes que contenían errores menores, y creó una presunción refutable de que las personas con una educación de sexto grado estaban suficientemente alfabetizadas para votar. [20] : 97 [26] [27] Sin embargo, a pesar del cabildeo de los líderes de derechos civiles, la ley no prohibió la mayoría de las formas de discriminación en el voto. [28] : 253 El presidente Lyndon B. Johnson reconoció esto, y poco después de las elecciones de 1964 en las que los demócratas obtuvieron mayorías abrumadoras en ambas cámaras del Congreso, ordenó en privado al fiscal general Nicholas Katzenbach que redactara "la ley de derecho al voto más maldita y dura que haya lata". [20] : 48–50 Sin embargo, Johnson no presionó públicamente por la legislación en ese momento; sus asesores le advirtieron de los costos políticos de perseguir enérgicamente un proyecto de ley de derechos de voto tan poco después de que el Congreso aprobara la Ley de Derechos Civiles de 1964, y Johnson estaba preocupado de que defender los derechos de voto pondría en peligro sus reformas de la Gran Sociedad al enfurecer a los demócratas del sur en el Congreso. [20] : 47–48, 50–52
Después de las elecciones de 1964, las organizaciones de derechos civiles como la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC) y el Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC) presionaron por una acción federal para proteger los derechos de voto de las minorías raciales. [28] : 254-255 Sus esfuerzos culminaron en protestas en Alabama , particularmente en la ciudad de Selma , donde la fuerza policial del sheriff del condado Jim Clark resistió violentamente los esfuerzos de registro de votantes afroamericanos. Hablando sobre el impulso de los derechos de voto en Selma, James Forman de SNCC dijo:
Nuestra estrategia, como de costumbre, fue obligar al gobierno de los EE. UU. A intervenir en caso de que hubiera arrestos, y si no intervenían, esa inacción probaría una vez más que el gobierno no estaba de nuestro lado y, por lo tanto, intensificaría el desarrollo de una conciencia de masas entre negros. Nuestro lema para esta campaña fue " Un hombre, un voto ". [28] : 255
En enero de 1965, Martin Luther King Jr. , James Bevel , [29] [30] y otros líderes de derechos civiles organizaron varias manifestaciones pacíficas en Selma , que fueron violentamente atacadas por policías y contramanifestantes blancos. Durante enero y febrero, estas protestas recibieron cobertura de los medios nacionales y llamaron la atención sobre el tema del derecho al voto. King y otros manifestantes fueron arrestados durante una marcha el 1 de febrero por violar una ordenanza contra el desfile ; esto inspiró marchas similares en los días siguientes, provocando el arresto de cientos más. [28] : 259–261 El 4 de febrero, el líder de derechos civiles Malcolm X pronunció un discurso militante en Selma en el que dijo que muchos afroamericanos no apoyaban el enfoque no violento de King; [28] : 262 más tarde dijo en privado que quería asustar a los blancos para que apoyaran a King. [20] : 69 Al día siguiente, King fue liberado y apareció en The New York Times una carta que escribió sobre los derechos de voto, "Letter From A Selma Jail" . [28] : 262
Con la nación prestando cada vez más atención a Selma y los derechos de voto, el presidente Johnson revocó su decisión de retrasar la legislación sobre el derecho de voto, y el 6 de febrero anunció que enviaría una propuesta al Congreso. [20] : 69 Sin embargo, no reveló el contenido de la propuesta ni cuándo se presentaría al Congreso. [28] : 264
El 18 de febrero en Marion, Alabama , la policía estatal interrumpió violentamente una marcha nocturna por el derecho al voto durante la cual el oficial James Bonard Fowler disparó y mató al joven manifestante afroamericano Jimmie Lee Jackson , que estaba desarmado y protegía a su madre. [28] : 265 [31] Estimulados por este evento, y en el inicio de Bevel, [28] : 267 [29] [30] [32] : 81–86 el 7 de marzo SCLC y SNCC comenzaron el primero de Selma a las marchas de Montgomery , en las que los residentes de Selma tenían la intención de marchar a la capital de Alabama, Montgomery , para resaltar los problemas del derecho al voto y presentar sus quejas al gobernador George Wallace . En la primera marcha, la policía estatal y del condado detuvo a los manifestantes a caballo en el puente Edmund Pettus, cerca de Selma. La policía lanzó gases lacrimógenos a la multitud y pisoteó a los manifestantes. Las imágenes televisadas de la escena, que se conocieron como "Domingo sangriento" , generaron indignación en todo el país. [23] : 515 Se llevó a cabo una segunda marcha el 9 de marzo, que se conoció como "Martes de cambio" . Esa noche, tres ministros unitarios blancos que participaron en la marcha fueron atacados en la calle y golpeados con palos por cuatro miembros del Ku Klux Klan . [33] El peor herido fue el reverendo James Reeb de Boston , quien murió el jueves 11 de marzo. [34]
A raíz de los eventos en Selma, el presidente Johnson, al dirigirse a una sesión conjunta televisada del Congreso el 15 de marzo, pidió a los legisladores que promulguen una legislación expansiva sobre el derecho al voto. Concluyó su discurso con las palabras " superaremos ", un himno importante del movimiento de derechos civiles. [28] : 278 [35] La Ley de Derechos Electorales de 1965 se presentó en el Congreso dos días después, mientras que los líderes de los derechos civiles, ahora bajo la protección de las tropas federales, encabezaron una marcha de 25.000 personas desde Selma a Montgomery. [23] : 516 [28] : 279, 282
Historia legislativa
Los esfuerzos para eliminar las prácticas electorales discriminatorias mediante litigios caso por caso por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos no han tenido éxito y las leyes federales contra la discriminación existentes no fueron suficientes para superar la resistencia de los funcionarios estatales a la aplicación de la 15a Enmienda. Con este telón de fondo, el Congreso llegó a la conclusión de que era necesario un nuevo proyecto de ley federal integral para romper el control de la privación del derecho al voto estatal. [7] La Corte Suprema de los Estados Unidos explicó esto en Carolina del Sur v. Katzenbach (1966) con las siguientes palabras:
En los últimos años, el Congreso ha tratado repetidamente de hacer frente al problema facilitando litigios caso por caso contra la discriminación en el voto. La Ley de Derechos Civiles de 1957 autorizó al Fiscal General a solicitar medidas cautelares contra la interferencia pública y privada con el derecho al voto por motivos raciales. El perfeccionamiento de las enmiendas en la Ley de Derechos Civiles de 1960 permitió la unión de Estados como partidos acusados, le dio al Fiscal General acceso a los registros de votación locales y autorizó a los tribunales a registrar votantes en áreas de discriminación sistemática. El Título I de la Ley de Derechos Civiles de 1964 aceleró la audiencia de casos de votación ante tribunales de tres jueces y prohibió algunas de las tácticas utilizadas para descalificar a los negros de votar en las elecciones federales. A pesar de los serios esfuerzos del Departamento de Justicia y de muchos jueces federales, estas nuevas leyes han hecho poco para solucionar el problema de la discriminación en el voto. [...] La legislación anterior ha resultado ineficaz por varias razones. Las demandas de votación son inusualmente onerosas de preparar, a veces requieren hasta 6,000 horas-hombre dedicadas a revisar los registros de registro en preparación para el juicio. El litigio ha sido extremadamente lento, en parte debido a las amplias oportunidades de demora que ofrecen los funcionarios electorales y otras personas involucradas en los procedimientos. Incluso cuando finalmente se han obtenido decisiones favorables, algunos de los estados afectados simplemente han cambiado a dispositivos discriminatorios no cubiertos por los decretos federales, o han promulgado nuevas pruebas difíciles diseñadas para prolongar la disparidad existente entre el registro de blancos y negros. Alternativamente, ciertos funcionarios locales han desafiado y eludido las órdenes judiciales o simplemente han cerrado sus oficinas de registro para congelar las listas de votantes. La disposición de la ley de 1960 que autoriza el registro por parte de funcionarios federales ha tenido poco impacto en la mala administración local, debido a sus complejidades procesales. [36]
En South Carolina v. Katzenbach (1966), la Corte Suprema también sostuvo que el Congreso tenía el poder de aprobar la Ley de Derechos Electorales de 1965 bajo sus Poderes de Ejecución derivados de la Decimoquinta Enmienda:
El Congreso ejerció su autoridad bajo la Decimoquinta Enmienda de una manera inventiva cuando promulgó la Ley de Derechos Electorales de 1965. Primero: la medida prescribe remedios para la discriminación en el voto que entran en vigencia sin necesidad de adjudicación previa. Esta fue claramente una respuesta legítima al problema, para el cual hay un amplio precedente en otras disposiciones constitucionales. Véase Katzenbach v. McClung , 379 US 294, 379 US 302-304; Estados Unidos contra Darby , 312 US 100, 312 US 120-121. El Congreso había descubierto que los litigios caso por caso eran inadecuados para combatir la discriminación generalizada y persistente en la votación, debido a la excesiva cantidad de tiempo y energía necesarios para superar las tácticas obstruccionistas que invariablemente se encuentran en estos juicios. Después de soportar casi un siglo de resistencia sistemática a la Decimoquinta Enmienda, el Congreso bien podría decidir trasladar la ventaja del tiempo y la inercia de los perpetradores del mal a sus víctimas. [...] Segundo: la ley limita intencionalmente estos recursos a un pequeño número de estados y subdivisiones políticas que, en la mayoría de los casos, eran familiares al Congreso por su nombre. Este también era un método permisible para abordar el problema. El Congreso se había enterado de que actualmente se produce una discriminación sustancial en el voto en ciertas partes del país, y no conocía forma de predecir con precisión si el mal podría extenderse a otras partes en el futuro. De manera legislativa aceptable, el Congreso decidió limitar su atención a las áreas geográficas donde la acción inmediata parecía necesaria. Véase McGowan v. Maryland , 366 US 420, 366 US 427; Salsburg contra Maryland, 346 Estados Unidos 545, 346 Estados Unidos 550-554. La doctrina de la igualdad de los Estados, invocada por Carolina del Sur, no impide este enfoque, porque esa doctrina se aplica únicamente a los términos en los que los Estados son admitidos en la Unión y no a los remedios para los males locales que han aparecido posteriormente. Ver Coyle v. Smith , 221 US 559, y los casos allí citados. [37]
Factura original
Senado
La Ley de Derechos Electorales de 1965 se presentó en el Congreso el 17 de marzo de 1965, como S. 1564, y fue patrocinada conjuntamente por el líder de la mayoría del Senado Mike Mansfield (D-MT) y el líder de la minoría del Senado Everett Dirksen (R-IL), ambos de los cuales había trabajado con el Fiscal General Katzenbach para redactar el lenguaje del proyecto de ley. [38] A pesar de que los demócratas tenían dos tercios de los escaños en ambas cámaras del Congreso después de las elecciones del Senado 1964 , [20] : 49 Johnson preocupados de que los demócratas del sur podría obstruir la legislación, ya que se habían opuesto a otros esfuerzos por los derechos civiles. Reclutó a Dirksen para que le ayudara a obtener el apoyo de los republicanos . Dirksen originalmente no tenía la intención de apoyar la legislación sobre el derecho al voto tan pronto después de apoyar la Ley de Derechos Civiles de 1964, pero expresó su disposición a aceptar una legislación "revolucionaria" después de enterarse de la violencia policial contra los manifestantes en Selma el Domingo Sangriento. [20] : 95–96 Dado el papel clave de Dirksen en ayudar a Katzenbach a redactar la legislación, se conoció informalmente como el proyecto de ley "Dirksenbach". [20] : 96 Después de que Mansfield y Dirksen presentaron el proyecto de ley, 64 senadores adicionales acordaron copatrocinarlo, [20] : 150 con un total de 46 copatrocinadores demócratas y 20 republicanos. [39]
El proyecto de ley contenía varias disposiciones especiales dirigidas a ciertos gobiernos estatales y locales: una "fórmula de cobertura" que determinaba qué jurisdicciones estaban sujetas a otras disposiciones especiales de la Ley ("jurisdicciones cubiertas"); un requisito de "autorización previa" que prohibía a las jurisdicciones cubiertas implementar cambios en sus procedimientos de votación sin antes recibir la aprobación del fiscal general de EE. UU. o del Tribunal de Distrito de EE. UU. para DC de que los cambios no eran discriminatorios; y la suspensión de "pruebas o dispositivos", como pruebas de alfabetización, en las jurisdicciones cubiertas. El proyecto de ley también autorizó la asignación de examinadores federales para registrar a los votantes, y de observadores federales para monitorear las elecciones, a jurisdicciones cubiertas que se descubrió que habían incurrido en discriminación atroz. El proyecto de ley establece que estas disposiciones especiales expiran después de cinco años. [22] : 319–320 [23] : 520, 524 [40] : 5–6
El alcance de la fórmula de cobertura fue un tema de polémico debate en el Congreso. La fórmula de cobertura alcanzó una jurisdicción si (1) la jurisdicción mantuvo una "prueba o dispositivo" el 1 de noviembre de 1964 y (2) menos del 50 por ciento de los residentes en edad de votar de la jurisdicción estaban registrados para votar el 1 de noviembre de 1964 o emitió su voto en las elecciones presidenciales de noviembre de 1964. [22] : 317 Esta fórmula llegó a pocas jurisdicciones fuera del Sur Profundo . Para apaciguar a los legisladores que sintieron que el proyecto de ley se dirigía injustamente a las jurisdicciones del sur, el proyecto de ley incluía una prohibición general de la discriminación racial en la votación que se aplicaba en todo el país. [41] : 1352 El proyecto de ley también incluía disposiciones que permitían a una jurisdicción cubierta "rescatar" la cobertura probando en un tribunal federal que no había utilizado una "prueba o dispositivo" con un propósito discriminatorio o con un efecto discriminatorio durante los 5 años antes de su solicitud de rescate. [40] : 6 Además, el proyecto de ley incluía una disposición de "libertad bajo fianza" en virtud de la cual los tribunales federales podían someter a las jurisdicciones discriminatorias no cubiertas a los recursos contenidos en las disposiciones especiales. [42] [43] : 2006-2007
El proyecto de ley fue considerado por primera vez por el Comité Judicial del Senado , cuyo presidente, el senador James Eastland (D-MS), se opuso a la legislación con varios otros senadores del sur en el comité. Para evitar que el proyecto de ley muera en comité, Mansfield propuso una moción para requerir que el Comité Judicial informe el proyecto de ley fuera del comité antes del 9 de abril, que el Senado aprobó por abrumadora mayoría con una votación de 67 a 13. [20] : 150 [39] Durante la consideración del proyecto de ley por parte del comité, el senador Ted Kennedy (D-MA) dirigió un esfuerzo para enmendar el proyecto de ley para prohibir los impuestos de capitación. Aunque la Vigésima Cuarta Enmienda, que prohibió el uso de impuestos electorales en las elecciones federales, fue ratificada un año antes, la administración de Johnson y los patrocinadores del proyecto de ley no incluyeron una disposición en el proyecto de ley de derechos de voto que prohíbe los impuestos electorales en las elecciones estatales porque temían a los tribunales. anularía la legislación por inconstitucional. [23] : 521 [28] : 285 Además, al excluir los impuestos electorales de la definición de "pruebas o dispositivos", la fórmula de cobertura no llegó a Texas o Arkansas , mitigando la oposición de las influyentes delegaciones del Congreso de esos dos estados . [23] : 521 No obstante, con el apoyo de los miembros liberales del comité, la enmienda de Kennedy para prohibir los impuestos electorales fue aprobada por un voto de 9 a 4. En respuesta, Dirksen ofreció una enmienda que eximía de la fórmula de cobertura a cualquier estado que tuviera al menos el 60 por ciento de sus residentes elegibles registrados para votar o que tuviera una participación electoral que supere el promedio nacional en la elección presidencial anterior. Esta enmienda, que efectivamente eximió a todos los estados de la cobertura excepto Mississippi , fue aprobada durante una reunión del comité en la que tres miembros liberales estuvieron ausentes. Dirksen ofreció retirar la enmienda si se eliminaba la prohibición del impuesto de capitación. En última instancia, el proyecto de ley se informó fuera de la comisión el 9 de abril por una votación de 12 a 4 sin una recomendación. [20] : 152-153
El 22 de abril, el pleno del Senado comenzó a debatir el proyecto de ley. Dirksen habló primero en nombre del proyecto de ley y dijo que "se necesita legislación para que el mandato inequívoco de la Decimoquinta Enmienda ... se cumpla y se haga efectivo, y si la Declaración de Independencia debe ser verdaderamente significativa". [20] : 154 El senador Strom Thurmond (R-SC) replicó que el proyecto de ley conduciría al "despotismo y la tiranía", y el senador Sam Ervin (D-NC) argumentó que el proyecto de ley era inconstitucional porque privaba a los estados de su derecho en virtud del artículo I, Sección 2 de la Constitución para establecer las calificaciones de los votantes y porque las disposiciones especiales del proyecto de ley apuntaban solo a ciertas jurisdicciones. El 6 de mayo, Ervin ofreció una enmienda para abolir el disparador automático de la fórmula de cobertura y, en cambio, permitir que los jueces federales designen examinadores federales para administrar el registro de votantes. Esta enmienda fracasó abrumadoramente, con 42 demócratas y 22 republicanos votando en contra. [20] : 154-156 Después de un largo debate, la enmienda de Ted Kennedy para prohibir los impuestos electorales también falló 49-45 el 11 de mayo. [39] Sin embargo, el Senado acordó incluir una disposición que autoriza al fiscal general a demandar a cualquier jurisdicción, cubierta o no cubierto, para impugnar su uso de impuestos de capitación. [28] : 156-157 [40] : 2 Una enmienda ofrecida por el senador Robert F. Kennedy (D-NY) para otorgar derechos a ciudadanos analfabetos de inglés que hayan obtenido al menos una educación de sexto grado en una escuela de habla no inglesa también pasó por 48-19. Los legisladores del sur ofrecieron una serie de enmiendas para debilitar el proyecto de ley, todas las cuales fracasaron. [20] : 159
El 25 de mayo, el Senado votó a favor de la clausura por una votación de 70 a 30, superando así la amenaza de obstrucción y limitando el debate adicional sobre el proyecto de ley. [44] El 26 de mayo, el Senado aprobó el proyecto de ley por 77-19 votos (demócratas 47-16, republicanos 30-2); sólo los senadores que representan a los estados del sur votaron en contra. [20] : 161 [45]
Cámara de los Representantes
Emanuel Celler (D-NY), presidente del Comité Judicial de la Cámara , presentó la Ley de Derechos Electorales en la Cámara de Representantes el 19 de marzo de 1965, como HR 6400. [39] El Comité Judicial de la Cámara fue el primer comité en considerar el proyecto de ley. . El republicano de mayor rango del comité, William McCulloch (R-OH), en general apoyó la expansión de los derechos de voto, pero se opuso tanto a la prohibición del impuesto electoral como a la fórmula de cobertura, y lideró la oposición al proyecto de ley en el comité. El comité aprobó finalmente el proyecto de ley el 12 de mayo, pero no presentó su informe del comité hasta junio 1. [20] : 162 El proyecto de ley incluía dos enmiendas de subcomité: una penalización por personas particulares que se interfirió con derecho a voto y la prohibición de todos los impuestos de capitación. La prohibición del impuesto de capitación ganó el apoyo del presidente de la Cámara de Representantes, John McCormack . El proyecto de ley fue luego considerado por el Comité de Reglas , cuyo presidente, Howard W. Smith (D-VA), se opuso al proyecto de ley y retrasó su consideración hasta el 24 de junio, cuando Celler inició los procedimientos para que el proyecto de ley fuera dado de baja del comité. [39] Bajo la presión de los proponentes del proyecto de ley, Smith permitió que el proyecto de ley se publicara una semana después, y la Cámara en pleno comenzó a debatir el proyecto el 6 de julio. [20] : 163
Para derrotar la Ley de Derechos Electorales, McCulloch presentó un proyecto de ley alternativo, HR 7896. Le habría permitido al fiscal general nombrar registradores federales después de recibir 25 quejas graves de discriminación contra una jurisdicción, y habría impuesto una prohibición nacional de las pruebas de alfabetización para personas que pudieran demostrar que obtuvieron una educación de sexto grado. El proyecto de ley de McCulloch fue copatrocinado por el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Gerald Ford (R-MI) y apoyado por los demócratas del sur como una alternativa a la Ley de Derechos Electorales. [20] : 162–164 La administración de Johnson vio HR 7896 como una seria amenaza para aprobar la Ley de Derechos Electorales. Sin embargo, el apoyo a la HR 7896 se disipó después de que William M. Tuck (D-VA) dijera públicamente que prefería la HR 7896 porque la Ley de Derechos Electorales garantizaría legítimamente que los afroamericanos pudieran votar. Su declaración alienó a la mayoría de los partidarios de HR 7896, y el proyecto de ley fracasó en el pleno de la Cámara por una votación de 171-248 el 9 de julio. [46] Más tarde esa noche, la Cámara aprobó la Ley de Derechos Electorales por una votación de 333-85 (Demócratas 221 -61, republicanos 112-24). [20] : 163-165 [39] [47]
Comité de conferencias
Las cámaras nombraron un comité de conferencia para resolver las diferencias entre las versiones del proyecto de ley de la Cámara y el Senado. Un argumento importante se refería a las disposiciones del impuesto de capitación; la versión del Senado permitió al fiscal general demandar a los estados que usaban impuestos electorales para discriminar, mientras que la versión de la Cámara prohibió rotundamente todos los impuestos electorales. Inicialmente, los miembros del comité estaban estancados. Para ayudar a negociar un compromiso, el Procurador General Katzenbach redactó un texto legislativo que afirma explícitamente que los impuestos electorales eran inconstitucionales e instruyó al Departamento de Justicia a demandar a los estados que mantenían los impuestos electorales. Para calmar las preocupaciones de los miembros del comité liberal de que esta disposición no era lo suficientemente fuerte, Katzenbach contó con la ayuda de Martin Luther King Jr., quien dio su apoyo al compromiso. El respaldo de King puso fin al estancamiento, y el 29 de julio, el comité de la conferencia informó su versión fuera del comité. [20] : 166-167 La Cámara aprobó esta versión del informe de la conferencia del proyecto de ley el 3 de agosto por un voto de 328-74 (demócratas 217-54, republicanos 111-20), [48] y el Senado lo aprobó el 4 de agosto por una votación de 79-18 (demócratas 49-17, republicanos 30-1). [20] : 167 [49] [50] El 6 de agosto, el presidente Johnson firmó la ley con King, Rosa Parks , John Lewis y otros líderes de derechos civiles que asistieron a la ceremonia de firma. [20] : 168
Enmiendas
El Congreso promulgó importantes enmiendas a la Ley en 1970, 1975, 1982, 1992 y 2006. Cada enmienda coincidió con una expiración inminente de algunas o todas las disposiciones especiales de la Ley. Originalmente programado para expirar en 1970, el Congreso reautorizó repetidamente las disposiciones especiales en reconocimiento de la continua discriminación en el voto. [20] : 209–210 [40] : 6–8 El Congreso extendió la fórmula de cobertura y las disposiciones especiales vinculadas a ella, como el requisito de autorización previa de la Sección 5, durante cinco años en 1970, siete años en 1975 y 25 años en ambos 1982 y 2006. En 1970 y 1975, el Congreso también amplió el alcance de la fórmula de cobertura completándola con nuevas fechas de activación de 1968 y 1972. La cobertura se amplió aún más en 1975 cuando el Congreso amplió el significado de "pruebas o dispositivos" para abarcar cualquier jurisdicción que proporcionara información electoral únicamente en inglés, como las papeletas, si la jurisdicción tenía un grupo minoritario de un solo idioma que constituía más del cinco por ciento de la ciudadanos en edad de votar de la jurisdicción. Estas expansiones dieron cobertura a numerosas jurisdicciones, incluidas muchas fuera del Sur. [51] Para aliviar la carga de las disposiciones especiales reautorizadas, el Congreso liberalizó el procedimiento de rescate en 1982 al permitir que las jurisdicciones escapen de la cobertura cumpliendo con la Ley y actuando afirmativamente para expandir la participación política de las minorías . [23] : 523
Además de volver a autorizar las disposiciones especiales originales y ampliar la cobertura, el Congreso enmendó y agregó varias otras disposiciones a la ley. Por ejemplo, el Congreso amplió la prohibición original de "pruebas o dispositivos" para aplicarla en todo el país en 1970, y en 1975, el Congreso convirtió la prohibición en permanente. [40] : 6–9 Por separado, en 1975 el Congreso amplió el alcance de la Ley para proteger a las minorías lingüísticas de la discriminación en el voto. El Congreso definió la "minoría lingüística" en el sentido de "personas que son indígenas estadounidenses, asiáticoamericanos, nativos de Alaska o de ascendencia española". [52] El Congreso enmendó varias disposiciones, como el requisito de autorización previa y la prohibición general de la Sección 2 de las leyes de voto discriminatorias, para prohibir la discriminación contra las minorías lingüísticas. [53] : 199 El Congreso también promulgó un requisito de elección bilingüe en la Sección 203, que requiere que los funcionarios electorales en ciertas jurisdicciones con un gran número de minorías lingüísticas analfabetas del inglés proporcionen boletas e información de votación en el idioma del grupo minoritario lingüístico. Originalmente programado para expirar después de 10 años, el Congreso reautorizó la Sección 203 en 1982 por siete años, la expandió y reautorizó en 1992 por 15 años y la reautorizó en 2006 por 25 años. [54] : 19-21, 25, 49 Los requisitos electorales bilingües siguen siendo controvertidos, los proponentes argumentan que la asistencia bilingüe es necesaria para permitir que los ciudadanos recientemente naturalizados voten y los oponentes argumentan que los requisitos electorales bilingües constituyen mandatos costosos no financiados . [54] : 26
Varias de las enmiendas respondieron a fallos judiciales con los que el Congreso no estuvo de acuerdo. En 1982, el Congreso enmendó la Ley para revocar el caso de la Corte Suprema Mobile v. Bolden (1980), que sostuvo que la prohibición general de discriminación en el voto prescrita en la Sección 2 prohibía solo la discriminación intencional . El Congreso respondió ampliando la Sección 2 para prohibir explícitamente cualquier práctica de votación que tuviera un efecto discriminatorio , independientemente de si la práctica fue promulgada u operada con un propósito discriminatorio. La creación de esta "prueba de resultados" cambió la mayoría de los litigios de dilución de votos presentados bajo la Ley de juicios previos a la autorización a juicios de la Sección 2. [23] : 644–645 En 2006, el Congreso enmendó la ley para revocar dos casos de la Corte Suprema: Reno v. Bossier Parish School Board (2000), [55] que interpretó el requisito de autorización previa de la Sección 5 para prohibir solo los cambios de votación que se promulgaron o mantenido con un propósito discriminatorio "regresivo" en lugar de cualquier propósito discriminatorio, y Georgia v. Ashcroft (2003), [56] que estableció una prueba más amplia para determinar si un plan de redistribución de distritos tenía un efecto inadmisible bajo la Sección 5 que evaluar solo si un grupo minoritario podría elegir a sus candidatos preferidos. [57] : 207–208 Desde que la Corte Suprema anuló la fórmula de cobertura por inconstitucional en el caso del condado de Shelby v. Holder (2013), se han presentado varios proyectos de ley en el Congreso para crear una nueva fórmula de cobertura y enmendar varias otras disposiciones; ninguno de estos proyectos de ley ha sido aprobado. [58] [59] [60]
Provisiones
La ley contiene dos tipos de disposiciones: "disposiciones generales", que se aplican a nivel nacional, y "disposiciones especiales", que se aplican sólo a ciertos estados y gobiernos locales. [61] : 1 La mayoría de las disposiciones están diseñadas para proteger los derechos de voto de las minorías raciales y lingüísticas. El término "minoría lingüística" significa "personas que son amerindios, asiáticoamericanos, nativos de Alaska o de ascendencia española". [52] Las disposiciones de la ley han sido teñidas por numerosas interpretaciones judiciales y enmiendas del Congreso.
Provisiones generales
Prohibición general de leyes de voto discriminatorias
La Sección 2 prohíbe a cualquier jurisdicción implementar una "calificación de voto o prerrequisito para votar, o estándar, práctica o procedimiento ... de una manera que resulte en una denegación o limitación del derecho ... de votar por motivos de raza". color o condición de minoría lingüística. [54] : 37 [62] La Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales (VRA) contiene dos protecciones separadas contra la discriminación de votantes para las leyes que, en contraste con la Sección 5 de la VRA, ya están en vigor. [63] [64] La primera protección es la prohibición de la discriminación intencional basada en la raza o el color en la votación. La segunda protección es una prohibición de las prácticas electorales que resultan en la negación o la reducción del derecho al voto por motivos de raza o color. [63] [64] [65] Si la violación de la segunda protección es intencional, entonces esta violación también es una violación de la Decimoquinta Enmienda . [65] La Corte Suprema ha permitido que los demandantes privados demanden para hacer cumplir estas prohibiciones. [66] : 138 [67] En Mobile v. Bolden (1980), la Corte Suprema sostuvo que, tal como se promulgó originalmente en 1965, la Sección 2 simplemente reformuló la Decimoquinta Enmienda y, por lo tanto, prohibió solo las leyes de votación que se promulgaron o mantuvieron intencionalmente durante un finalidad discriminatoria. [68] : 60-61 [69] [63] [7] [70] En 1982, el Congreso enmendó la Sección 2 para crear una prueba de "resultados", [71] que prohíbe cualquier ley de votación que tenga un efecto discriminatorio independientemente de si la ley se promulgó o mantuvo intencionalmente con un propósito discriminatorio. [72] [73] : 3 [63] [7] [70] Las enmiendas de 1982 estipulaban que la prueba de resultados no garantiza a las minorías protegidas el derecho a una representación proporcional . [74] En Thornburg v. Gingles (1986), la Corte Suprema de los Estados Unidos explicó con respecto a la enmienda de 1982 para la sección 2 que "la esencia de una afirmación de la Sección 2 es que una determinada ley, práctica o estructura electoral interactúa con condiciones históricas para causar una desigualdad en las oportunidades de que disfrutan los votantes blancos y negros para elegir a sus representantes preferidos ". [75] El Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró que la sección 2 no es solo una prohibición permanente y de aplicación nacional contra la discriminación en la votación de cualquier norma, práctica o procedimiento de votación que resulte en la denegación o limitación del derecho de cualquier ciudadano a votar. por motivos de raza, color o membresía en un grupo minoritario lingüístico, pero también una prohibición para que los funcionarios estatales y locales adopten o mantengan leyes o procedimientos de votación que discriminen deliberadamente por motivos de raza, color o membresía en un grupo minoritario lingüístico . [75]
La Corte Suprema de los Estados Unidos expresó sus opiniones con respecto a la Sección 2 y su enmienda de 1982 en Chisom v. Roemer (1991). [76] Según el estatuto enmendado, ya no se requiere prueba de intención para probar una violación de § 2. Ahora los demandantes pueden prevalecer según el § 2 demostrando que una práctica electoral impugnada ha resultado en la denegación o limitación del derecho al voto por motivos de color o raza. El Congreso no solo incorporó la prueba de resultados en el párrafo que anteriormente constituía todo el § 2, sino que también designó ese párrafo como subsección (a) y agregó una nueva subsección (b) para aclarar que la aplicación de la prueba de resultados requiere una investigación sobre "la totalidad de las circunstancias". La sección 2 (a) adopta una prueba de resultados, por lo que establece que la prueba de intención discriminatoria ya no es necesaria para establecer una violación de la sección. La Sección 2 (b) proporciona orientación sobre cómo se aplicará la prueba de resultados. [77] Existe un marco legal para determinar si la ley electoral de una jurisdicción viola la prohibición general de la Sección 2 en su forma enmendada: [78]
La Sección 2 prohíbe las prácticas de votación que "resultan [] en una denegación o reducción del derecho * * * a votar por motivos de raza o color [o condición de minoría lingüística]", y establece que tal resultado "se establece" si Los "procesos políticos * * * de una jurisdicción no están igualmente abiertos" a los miembros de dicho grupo "en el sentido de que [ellos] tienen menos oportunidades * * * de participar en el proceso político y de elegir representantes de su elección". 52 USC 10301 . [...] La subsección (b) establece en la parte relevante: Se establece una violación de la subsección (a) si, con base en la totalidad de las circunstancias, se demuestra que los procesos políticos que conducen a la nominación o elección en el estado o subdivisión política no están igualmente abiertos a la participación de miembros de una clase de ciudadanos protegidos por la subsección (a) en que sus miembros tienen menos oportunidades que otros miembros del electorado para participar en el proceso político y elegir representantes de su elección. [79] [80]
La Oficina del Fiscal general de Arizona declaró con respecto al marco para determinar si la ley electoral de una jurisdicción viola la prohibición general de la Sección 2 en su forma enmendada y el motivo de la adopción de la Sección 2 en su forma enmendada:
Para establecer una violación de la Sección 2 enmendada, el demandante debe probar, "con base en la totalidad de las circunstancias", que los "procesos políticos" del Estado "no están igualmente abiertos a la participación de miembros" de una clase protegida, "en el sentido de que sus miembros tienen menos oportunidades que otros miembros del electorado de participar en el proceso político y de elegir representantes de su elección ”. § 10301 (b). Ese es el “resultado” que enmenda la Sección 2 prohíbe: “menos oportunidades que otros miembros del electorado”, considerando los “procesos políticos” del Estado en su conjunto. El nuevo lenguaje fue elaborado como un compromiso diseñado para eliminar la necesidad de evidencia directa de intención discriminatoria, que a menudo es difícil de obtener, pero sin adoptar una prueba sin reservas de “impacto dispar” que invalidaría muchos procedimientos legítimos de votación. S. REP. NO. 97–417, en 28-29, 31-32, 99 (1982) [81] [80]
Al determinar si la ley electoral de una jurisdicción viola la prohibición general de la sección 2 de la VRA, los tribunales se han basado en factores enumerados en el informe del Comité Judicial del Senado asociado con las enmiendas de 1982 ("Factores del Senado"), que incluyen: [75]
- El historial de discriminación oficial en la jurisdicción que afecta el derecho al voto;
- El grado en que la votación en la jurisdicción está polarizada racialmente;
- El alcance del uso por parte de la jurisdicción de los requisitos de voto mayoritario, distritos electorales inusualmente grandes , prohibiciones del voto a bala y otros dispositivos que tienden a mejorar la oportunidad de discriminación en el voto;
- Si a los candidatos de minorías se les niega el acceso a los procesos de selección de candidatos de la jurisdicción, si corresponde;
- La medida en que las minorías de la jurisdicción son discriminadas en áreas socioeconómicas, como educación, empleo y salud;
- Si existen apelaciones raciales abiertas o sutiles en las campañas ;
- La medida en que los candidatos de las minorías han ganado las elecciones;
- El grado en que los funcionarios electos no responden a las preocupaciones del grupo minoritario; y
- Si la justificación política de la ley impugnada es tenue.
El informe indica que no es necesario que existan todos o la mayoría de estos factores para que un dispositivo electoral resulte en discriminación, y también indica que esta lista no es exhaustiva, lo que permite a los tribunales considerar pruebas adicionales a su discreción. [69] [74] : 344 [82] : 28-29
La sección 2 prohíbe dos tipos de discriminación: "denegación de voto", en la que a una persona se le niega la oportunidad de emitir un voto o de que su voto sea debidamente contado, y "dilución de votos", [83] [84] : 2-6 en que disminuye la fuerza o eficacia del voto de una persona. [85] : 691-692 La mayoría Sección 2 litigios se ha preocupado dilución del voto, en especial de las afirmaciones de que una jurisdicción redistribución plan o uso de la en-grande elecciones / plurinominales evita que los votantes minoritarios desde la fundición votos suficientes para elegir a sus candidatos preferidos. [85] : 708–709 Una elección general puede diluir los votos emitidos por los votantes minoritarios al permitir que un grupo mayoritario cohesivo gane todos los escaños legislativos de la jurisdicción. [86] : 221 Los planes de redistribución de distritos pueden manipularse para diluir los votos emitidos por las minorías al "agrupar" un gran número de votantes minoritarios en un pequeño número de distritos o "dividir" a los grupos minoritarios colocando un pequeño número de votantes minoritarios en un gran número de distritos . [87]
En Thornburg v. Gingles (1986), la Corte Suprema usó el término "dilución de votos por inmersión" para describir las afirmaciones de que el uso de un sistema electoral general / multinominal por parte de una jurisdicción o un plan de redistribución de distritos controlados diluía los votos de las minorías, y estableció un marco para evaluar tales reclamos bajo la Sección 2. [a] Bajo la prueba de Gingles , los demandantes deben demostrar la existencia de tres condiciones previas:
- El grupo minoritario racial o lingüístico "es lo suficientemente numeroso y compacto para formar una mayoría en un distrito uninominal ";
- El grupo minoritario es "políticamente cohesivo" (lo que significa que sus miembros tienden a votar de manera similar); y
- La "mayoría vota lo suficiente como bloque para permitirle ... normalmente derrotar al candidato preferido de la minoría". [89] : 50–51
La primera condición previa se conoce como el requisito de "compacidad" y se refiere a si se puede crear un distrito de mayoría-minoría . Las condiciones previas segunda y tercera se conocen colectivamente como el requisito de "votación racialmente polarizada" o "votación en bloque racial", y se refieren a si los patrones de votación de los diferentes grupos raciales son diferentes entre sí. Si un demandante demuestra que existen estas condiciones previas, entonces el demandante debe demostrar adicionalmente, utilizando los factores del Senado restantes y otra evidencia, que bajo la " totalidad de las circunstancias ", el plan de redistribución de distritos de la jurisdicción o el uso de elecciones generales o de varios miembros disminuye la capacidad del grupo minoritario para elegir a los candidatos de su elección. [74] : 344–345
El litigio posterior definió aún más los contornos de estos reclamos de "dilución de votos por inmersión". En Bartlett v. Strickland (2009), [90] el Tribunal Supremo sostuvo que el primer Gingles condición puede ser satisfecha solamente si un distrito se puede dibujar en el que el grupo minoritario constituido por una mayoría de los ciudadanos en edad de votar. Esto significa que los demandantes no pueden tener éxito en un reclamo de sumersión en jurisdicciones donde el tamaño del grupo minoritario, a pesar de no ser lo suficientemente grande para comprender una mayoría en un distrito, es lo suficientemente grande como para que sus miembros elijan a sus candidatos preferidos con la ayuda de "crossover "Votos de algunos miembros del grupo mayoritario. [91] [92] : A2 Por el contrario, la Corte Suprema no ha abordado si los diferentes grupos minoritarios protegidos pueden agregarse para satisfacer las condiciones previas de Gingles como una coalición, y los tribunales inferiores se han dividido sobre el tema. [B]
La Corte Suprema proporcionó orientación adicional sobre la prueba de la "totalidad de las circunstancias" en Johnson v. De Grandy (1994). [88] El tribunal enfatizó que la existencia de las tres condiciones previas de Gingles puede ser insuficiente para probar la responsabilidad por dilución de votos por inmersión si otros factores pesan en contra de tal determinación, especialmente en juicios que impugnan planes de redistribución de distritos. En particular, el tribunal sostuvo que incluso cuando se cumplen las tres condiciones previas de Gingles , es poco probable que una jurisdicción sea responsable de la dilución de votos si su plan de redistribución de distritos contiene una cantidad de distritos mayoritarios-minoritarios que es proporcional al tamaño de la población del grupo minoritario. Por lo tanto, la decisión aclaró que la Sección 2 no requiere que las jurisdicciones maximicen el número de distritos mayoritarios-minoritarios. [98] La opinión también distinguió la proporcionalidad de los distritos de mayoría-minoría, que permite a las minorías tener una oportunidad proporcional de elegir a sus candidatos de elección, de la proporcionalidad de los resultados electorales , que la Sección 2 no garantiza explícitamente a las minorías. [88] : 1013–1014
Un problema relacionado con la tercera condición previa de Gingles sigue sin resolverse. En Gingles , la Corte Suprema se dividió en cuanto a si los demandantes deben probar que el grupo racial mayoritario vota como un bloque específicamente porque sus miembros están motivados a votar basándose en consideraciones raciales y no en otras consideraciones que puedan superponerse con la raza, como la afiliación a un partido. Una pluralidad de jueces dijo que requerir tal prueba violaría la intención del Congreso de hacer de la Sección 2 una prueba de "resultados", pero el Juez White sostuvo que la prueba era necesaria para demostrar que un esquema electoral resulta en discriminación racial . [99] : 555–557 Desde Gingles , los tribunales inferiores se han dividido sobre el tema. [C]
- El presidente del Tribunal Supremo Earl Warren sobre el derecho al voto como base de la democracia en Reynolds v. Sims (1964). [103]
Aunque la mayoría de los litigios de la Sección 2 han involucrado reclamos de dilución de votos por inmersión, [85] : los tribunales 708-709 también han abordado otros tipos de dilución de votos bajo esta disposición. En Holder c. Hall (1994) [104], la Corte Suprema sostuvo que las alegaciones de que los votos de las minorías se diluyen por el pequeño tamaño de un órgano de gobierno, como una comisión de condado unipersonal , no pueden presentarse en virtud de la Sección 2. A La mayoría de los tribunales razonaron que no existe un tamaño de "punto de referencia" uniforme y no diluyente para un órgano rector, lo que hace imposible la reparación en virtud de la Sección 2. [105] Otro tipo de dilución de votos puede resultar del requisito de una jurisdicción de que un candidato sea elegido por mayoría de votos . Un requisito de mayoría de votos puede hacer que el candidato de elección de un grupo minoritario, que habría ganado la elección con una simple pluralidad de votos, pierda después de que una mayoría de votantes se unan detrás de otro candidato en una segunda vuelta . La Corte Suprema no ha abordado si tales reclamos pueden presentarse bajo la Sección 2, y los tribunales inferiores han llegado a conclusiones diferentes sobre el tema. [D]
Además de los reclamos de dilución de votos, los tribunales han considerado reclamos de denegación de votos presentados bajo la Sección 2. La Corte Suprema, en Richardson v. Ramírez (1974), [108] sostuvo que las leyes de privación del derecho al voto por delitos graves no pueden violar la Sección 2 porque, entre otras razones, La Sección 2 de la Decimocuarta Enmienda permite tales leyes. [23] : 756–757 Un tribunal de distrito federal de Mississippi sostuvo que un sistema de "doble registro" que requiere que una persona se registre para votar por separado para las elecciones estatales y locales puede violar la Sección 2 si el sistema tiene un impacto racialmente dispar a la luz de los factores del Senado. [23] : 754 [109] A partir de 2013, los tribunales federales inferiores comenzaron a considerar varias impugnaciones a las leyes de identificación de votantes presentadas en virtud de la Sección 2. [110]
Prohibiciones específicas
La ley contiene varias prohibiciones específicas sobre conductas que pueden interferir con la capacidad de una persona para emitir un voto efectivo. Una de estas prohibiciones está prescrita en la Sección 201, que prohíbe a cualquier jurisdicción exigir que una persona cumpla con cualquier "prueba o dispositivo" para registrarse para votar o emitir un voto. El término "prueba o dispositivo" se define como pruebas de alfabetización, requisitos educativos o de conocimiento, prueba de buen carácter moral y requisitos que una persona debe cumplir al votar. [111] Antes de la promulgación de la ley, estos dispositivos eran las principales herramientas utilizadas por las jurisdicciones para evitar que las minorías raciales votaran. [112] Originalmente, la Ley suspendió las pruebas o dispositivos temporalmente en jurisdicciones cubiertas por la fórmula de cobertura de la Sección 4 (b), pero el Congreso posteriormente amplió la prohibición a todo el país y la hizo permanente. [40] : 6–9 En relación con esto, la Sección 202 prohíbe a las jurisdicciones imponer cualquier "requisito de residencia de duración" que requiera que las personas hayan vivido en la jurisdicción durante más de 30 días antes de ser elegibles para votar en una elección presidencial. [113] : 353
Varias protecciones adicionales para los votantes están contenidas en la Sección 11. La Sección 11 (a) prohíbe que cualquier persona que actúe bajo apariencia de ley se niegue o no permita que una persona calificada vote o cuente la boleta de un votante calificado. De manera similar, la Sección 11 (b) prohíbe a cualquier persona intimidar, acosar o coaccionar a otra persona para que vote o intente votar. [54] Dos disposiciones de la Sección 11 abordan el fraude electoral : la Sección 11 (c) prohíbe que las personas presenten a sabiendas una solicitud de registro de votante falsa para votar en una elección federal, y la Sección 11 (e) prohíbe votar dos veces en una elección federal. [114] [115] : 360
Finalmente, bajo la Sección 208, una jurisdicción no puede impedir que una persona que sea analfabeta en inglés o que tenga una discapacidad sea acompañada a las urnas por un asistente de su elección. Las únicas excepciones son que el asistente no puede ser un agente del empleador o sindicato de la persona. [53] : 221
Rescatar en
La Sección 3 (c) contiene un proceso de "rescate" o "gatillo de bolsillo" mediante el cual las jurisdicciones que quedan fuera de la fórmula de cobertura de la Sección 4 (b) pueden quedar sujetas a autorización previa. Según esta disposición, si una jurisdicción ha discriminado racialmente a los votantes en violación de las Enmiendas Decimocuarta o Decimoquinta, un tribunal puede ordenar que la jurisdicción tenga cambios futuros en sus leyes electorales aprobados previamente por el gobierno federal. [43] : 2006–2007 Debido a que los tribunales han interpretado las Enmiendas Decimocuarta y Decimoquinta para prohibir solo la discriminación intencional, un tribunal puede declararse en libertad bajo fianza en una jurisdicción solo si el demandante prueba que la jurisdicción promulgó u operó una práctica de votación para discriminar intencionalmente. [43] : 2009
La Sección 3 (c) contiene su propio lenguaje de autorización previa y se diferencia de la autorización previa de la Sección 5 en varias formas. A diferencia de la autorización previa de la Sección 5, que se aplica a una jurisdicción cubierta hasta el momento en que la jurisdicción pueda salir de la cobertura bajo la Sección 4 (a), las jurisdicciones bajo fianza permanecen sujetas a autorización previa durante el tiempo que las órdenes judiciales. Además, el tribunal puede requerir que la jurisdicción prescriba solo tipos particulares de cambios de votación. Por ejemplo, el bail-in de Nuevo México en 1984 se aplicó por 10 años y requirió autorización previa de solo planes de redistribución de distritos. Esto difiere de la autorización previa de la Sección 5, que requiere que una jurisdicción cubierta autorice previamente todos sus cambios de votación. [43] : 2009-2010 [116]
Durante la historia temprana de la Ley, la Sección 3 (c) se utilizó poco; ninguna jurisdicción fue rescatada hasta 1975. Entre 1975 y 2013, 18 jurisdicciones fueron rescatadas, incluidos 16 gobiernos locales y los estados de Arkansas y Nuevo México. [117] : 1a-2a Aunque la Corte Suprema consideró inconstitucional la fórmula de cobertura de la Sección 4 (b) en el condado de Shelby v. Holder (2013), no consideró inconstitucional la Sección 3 (c). Por lo tanto, las jurisdicciones pueden continuar bajo fianza y sujetas a la autorización previa de la Sección 3 (c). [12] [118] En los meses posteriores al condado de Shelby , los tribunales comenzaron a considerar las solicitudes del fiscal general y otros demandantes de fianza en los estados de Texas y Carolina del Norte, [119] y en enero de 2014 un tribunal federal rescató en Evergreen, Alabama . [120]
En la Sección 3 (a) se prescribe un proceso de rescate más estrecho relacionado con la certificación de observador federal. Según esta disposición, un tribunal federal puede certificar una jurisdicción no cubierta para recibir observadores federales si el tribunal determina que la jurisdicción violó los derechos de voto garantizados por las Enmiendas Decimocuarta o Decimoquinta. Las jurisdicciones certificadas para recibir observadores federales bajo la Sección 3 (a) no están sujetas a autorización previa. [121] : 236–237
Provisiones especiales
Fórmula de cobertura
La Sección 4 (b) contiene una "fórmula de cobertura" que determina qué estados y gobiernos locales pueden estar sujetos a otras disposiciones especiales de la Ley (excepto los requisitos de elección bilingüe de la Sección 203 (c), que se encuentran bajo una fórmula diferente). El Congreso tenía la intención de que la fórmula de cobertura abarcara las jurisdicciones discriminatorias más generalizadas. Una jurisdicción está cubierta por la fórmula si:
- A partir del 1 de noviembre de 1964, 1968 o 1972, la jurisdicción utilizó una "prueba o dispositivo" para restringir la oportunidad de registrarse y votar; y
- Menos de la mitad de los ciudadanos elegibles de la jurisdicción estaban registrados para votar el 1 de noviembre de 1964, 1968 o 1972; o menos de la mitad de los ciudadanos elegibles votaron en las elecciones presidenciales de noviembre de 1964, 1968 o 1972.
Tal como se promulgó originalmente, la fórmula de cobertura contenía únicamente las fechas de activación de noviembre de 1964; las revisiones posteriores de la ley la complementaron con las fechas de activación adicionales de noviembre de 1968 y noviembre de 1972, que trajeron más jurisdicciones a la cobertura. [51] A los efectos de la fórmula de cobertura, el término "prueba o dispositivo" incluye los mismos cuatro dispositivos prohibidos a nivel nacional por la Sección 201: pruebas de alfabetización, requisitos educativos o de conocimiento, prueba de buen carácter moral y requisitos que justifiquen a una persona al votar, y un dispositivo adicional definido en la Sección 4 (f) (3): en jurisdicciones donde más del cinco por ciento de la población en edad de votar son miembros de un grupo minoritario de un solo idioma, cualquier práctica o requisito por el cual se registre o material electoral se proporcionan solo en inglés. Los tipos de jurisdicciones a las que se aplica la fórmula de cobertura incluyen estados y "subdivisiones políticas" de estados. [53] : 207–208 La sección 14 (c) (2) define "subdivisión política" como cualquier condado, parroquia u "otra subdivisión de un estado que lleve a cabo el registro para votar". [122]
A medida que el Congreso agregó nuevas fechas de activación a la fórmula de cobertura, se incorporaron nuevas jurisdicciones a la cobertura. La fórmula de cobertura de 1965 incluía la totalidad de Alabama, Alaska, Georgia, Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Virginia; y algunas subdivisiones (en su mayoría condados) en Arizona, Hawaii, Idaho y Carolina del Norte. [51] La cobertura de 1968 resultó en la cobertura parcial de Alaska, Arizona, California, Connecticut, Idaho, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Nueva York y Wyoming. Connecticut, Idaho, Maine, Massachusetts y Wyoming presentaron demandas de "rescate" exitosas, como también lo establece la sección 4. [51] La cobertura de 1972 cubrió la totalidad de Alaska, Arizona y Texas, y partes de California, Florida, Michigan, Nueva York, Carolina del Norte y Dakota del Sur. [51]
Las disposiciones especiales de la ley debían expirar inicialmente en 1970 y el Congreso las renovó por otros cinco años. En 1975, las disposiciones especiales de la ley se prorrogaron por otros siete años. En 1982 se volvió a extender la fórmula de cobertura, esta vez por 25 años, pero no se realizaron cambios a la fórmula de cobertura, y en 2006 se volvió a extender la fórmula de cobertura por 25 años. [51]
A lo largo de su historia, la fórmula de cobertura siguió siendo controvertida porque destacó ciertas jurisdicciones para el escrutinio, la mayoría de las cuales estaban en el sur profundo. En el caso del condado de Shelby v. Holder (2013), la Corte Suprema declaró inconstitucional la fórmula de cobertura porque los criterios utilizados estaban desactualizados y, por lo tanto, violaban los principios de igualdad de soberanía estatal y federalismo . [12] [123] [124] Las otras disposiciones especiales que dependen de la fórmula de cobertura, como el requisito de autorización previa de la Sección 5, siguen siendo leyes válidas. Sin embargo, sin una fórmula de cobertura válida, estas disposiciones no se pueden hacer cumplir. [13] [125]
Requisito de autorización previa
La sección 5 [126] requiere que las jurisdicciones cubiertas reciban la aprobación federal, conocida como "autorización previa", antes de implementar cambios en sus leyes electorales. Una jurisdicción cubierta tiene la carga de probar que el cambio no tiene el propósito o efecto de discriminar por motivos de raza o idioma minoritario; si la jurisdicción no cumple con esta carga, el gobierno federal negará la autorización previa y el cambio de jurisdicción no entrará en vigor. La Corte Suprema interpretó ampliamente el alcance de la Sección 5 en Allen v. State Board of Election (1969), [127] sosteniendo que cualquier cambio en las prácticas de votación de una jurisdicción, incluso si es menor, debe someterse a autorización previa. [128] El tribunal también sostuvo que si una jurisdicción no tiene su cambio de voto preautorizado, los demandantes privados pueden demandar a la jurisdicción en el tribunal de distrito local del demandante ante un panel de tres jueces. [e] En estas "acciones de ejecución" de la Sección 5, un tribunal considera si la jurisdicción realizó un cambio de votación cubierto y, de ser así, si el cambio se había autorizado previamente. Si la jurisdicción no obtuvo la autorización previa de forma indebida, el tribunal ordenará a la jurisdicción que obtenga la autorización previa antes de implementar el cambio. Sin embargo, es posible que el tribunal no considere los méritos de la aprobación del cambio. [11] [66] : 128–129 [127] : 556 [130] : 23
Las jurisdicciones pueden buscar autorización previa a través de un proceso de "autorización previa administrativa" o un proceso de "autorización previa judicial". Si una jurisdicción busca una autorización previa administrativa, el fiscal general considerará si el cambio propuesto tiene un propósito o efecto discriminatorio. Después de que la jurisdicción presenta el cambio propuesto, el fiscal general tiene 60 días para interponer una objeción al mismo. El período de 60 días puede extenderse otros 60 días si la jurisdicción presenta más tarde información adicional. Si el fiscal general interpone una objeción, entonces el cambio no está preaprobado y puede que no se implemente. [131] : 90-92 La decisión del fiscal general no está sujeta a revisión judicial , [132] pero si el fiscal general interpone una objeción, la jurisdicción puede buscar de forma independiente la autorización judicial previa, y el tribunal puede ignorar la objeción del fiscal general a su discreción. . [23] : 559 Si una jurisdicción busca autorización judicial, debe presentar una acción de sentencia declaratoria contra el fiscal general en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para DC Un panel de tres jueces considerará si el cambio de votación tiene un propósito o efecto discriminatorio, y el la parte perdedora puede apelar directamente al Tribunal Supremo. [133] Particulares pueden intervenir en juicios de preautorización judicial. [56] : 476–477 [131] : 90
En varios casos, la Corte Suprema ha abordado el significado de "efecto discriminatorio" y "propósito discriminatorio" a los fines de la Sección 5. En Beer v. Estados Unidos (1976) [134], el tribunal sostuvo que para que un cambio de votación tenga un efecto discriminatorio prohibido, debe resultar en un "retroceso" (retroceso). Según esta norma, no se puede negar la autorización previa a un cambio de votación que cause discriminación, pero que no resulte en más discriminación que antes de que se hiciera el cambio, por tener un efecto discriminatorio. [135] : 283–284 Por ejemplo, reemplazar un impuesto de votación con una tarifa de registro de votantes igualmente cara no es un cambio "regresivo" porque causa la misma discriminación, no más. [136] : 695 Basándose en el informe del Senado para la Ley, el tribunal razonó que el estándar de retroceso era la interpretación correcta del término "efecto discriminatorio" porque el propósito de la Sección 5 es "asegurar que [las ganancias hasta ahora logradas en minoría la participación política] no será destruida mediante nuevos procedimientos [discriminatorios] '". [134] : 140-141 El estándar de retroceso se aplica independientemente de si el cambio de votación supuestamente causa la denegación de votos o la dilución de votos. [135] : 311
En 2003, la Corte Suprema sostuvo en Georgia v. Ashcroft [56] que los tribunales no deberían determinar que un nuevo plan de redistribución de distritos tiene un efecto regresivo únicamente porque el plan reduce el número de distritos de mayoría minoritaria. El tribunal enfatizó que los jueces deberían analizar varios otros factores bajo la "totalidad de las circunstancias", como si el plan de redistribución de distritos aumenta el número de "distritos de influencia" en los que un grupo minoritario es lo suficientemente grande como para influir (pero no decidir) los resultados de las elecciones. . En 2006, el Congreso anuló esta decisión al enmendar la Sección 5 para declarar explícitamente que "disminuir la capacidad [de una minoría protegida] para elegir a sus candidatos preferidos niega o limita el derecho al voto en el sentido de la" Sección 5. [137] Sigue habiendo incertidumbre en cuanto a qué significa precisamente este lenguaje y cómo los tribunales pueden interpretarlo. [23] : 551–552, 916
Antes de 2000, se entendía que el término "propósito discriminatorio" de la Sección 5 significaba cualquier propósito discriminatorio, que es el mismo estándar utilizado para determinar si la discriminación es inconstitucional. En Reno v. Bossier Parish ( Bossier Parish II ) (2000), [55] la Corte Suprema extendió el estándar de retroceso, sosteniendo que para que un cambio de votación tenga un "propósito discriminatorio" bajo la Sección 5, el cambio debe haber sido implementado por un propósito retrógrado . Por lo tanto, un cambio de votación destinado a discriminar a una minoría protegida estaba permitido bajo la Sección 5 siempre que el cambio no tuviera la intención de aumentar la discriminación existente. [135] : 277–278 Este cambio redujo significativamente el número de casos en los que se denegó la autorización previa por motivos discriminatorios. En 2006, el Congreso anuló Bossier Parish II al enmendar la Sección 5 para definir explícitamente "propósito" en el sentido de "cualquier propósito discriminatorio". [57] : 199-200, 207 [138]
Examinadores y observadores federales
—Justice Hugo Black sobre el derecho al voto como fundamento de la democracia en Wesberry v. Sanders (1964). [139]
Hasta las enmiendas de 2006 a la Ley [54] : 50 La sección 6 permitía el nombramiento de "examinadores federales" para supervisar las funciones de registro de votantes de determinadas jurisdicciones. Los examinadores federales pueden ser asignados a una jurisdicción cubierta si el fiscal general certifica que
- El Departamento de Justicia recibió 20 o más quejas meritorias de que la jurisdicción cubierta les negaba a sus residentes el derecho a votar basándose en la condición de minoría racial o lingüística; o
- De lo contrario, la asignación de examinadores federales era necesaria para hacer cumplir los derechos de voto garantizados por las Enmiendas Decimocuarta o Decimoquinta. [121] : 235–236
Los examinadores federales tenían la autoridad para registrar votantes, examinar las solicitudes de registro de votantes y mantener listas de votantes. [121] : 237 El objetivo de la disposición del examinador federal era evitar que las jurisdicciones negaran a las minorías protegidas el derecho al voto al participar en un comportamiento discriminatorio en el proceso de registro de votantes, como negarse a registrar solicitantes calificados, eliminar a los votantes calificados de las listas de votantes. , y limitar las horas durante las cuales las personas pueden registrarse. Los examinadores federales se utilizaron ampliamente en los años posteriores a la promulgación de la ley, pero su importancia disminuyó con el tiempo; 1983 fue el último año en que un examinador federal registró a una persona para votar. En 2006, el Congreso derogó la disposición. [121] : 238–239
Según el marco original de la ley, en cualquier jurisdicción certificada para examinadores federales, el fiscal general podría exigir además el nombramiento de "observadores federales". En 2006, la disposición del examinador federal se utilizó únicamente como un medio para nombrar observadores federales. [121] : 239 Cuando el Congreso derogó la disposición del examinador federal en 2006, el Congreso enmendó la Sección 8 para permitir la asignación de observadores federales a jurisdicciones que cumplieran los mismos criterios de certificación que se habían utilizado para nombrar examinadores federales. [54] : 50
Los observadores federales tienen la tarea de observar la conducta de los trabajadores electorales y los votantes en los lugares de votación durante una elección y observar a los funcionarios electorales tabular las boletas. [121] : 248 El objetivo de la disposición del observador federal es facilitar la participación de votantes de minorías disuadiendo y documentando casos de conducta discriminatoria en el proceso electoral, como por ejemplo, funcionarios electorales que niegan a personas calificadas de minorías el derecho a votar, intimidación o acoso de votantes el día de las elecciones , o recuento inadecuado de votos. [121] : 231–235 Conducta discriminatoria que los observadores federales documentan también puede servir como evidencia en demandas posteriores de ejecución. [121] : 233 Entre 1965 y la decisión de 2013 de la Corte Suprema en el condado de Shelby v. Holder de anular la fórmula de cobertura, el fiscal general certificó 153 gobiernos locales en 11 estados. [140] Debido a limitaciones de tiempo y recursos, no se asignan observadores federales a todas las jurisdicciones certificadas para cada elección. [121] : 230 Disposiciones separadas permiten a una jurisdicción certificada "rescatar" su certificación. [140]
Bailout
Under Section 4(a), a covered jurisdiction may seek exemption from coverage through a process called "bailout."[51] To achieve an exemption, a covered jurisdiction must obtain a declaratory judgment from a three-judge panel of the District Court for D.C. that the jurisdiction is eligible to bail out.[11][51] As originally enacted, a covered jurisdiction was eligible to bail out if it had not used a test or device with a discriminatory purpose or effect during the 5 years preceding its bailout request.[40]:22, 33–34 Therefore, a jurisdiction that requested to bail out in 1967 would have needed to prove that it had not misused a test or device since at least 1962. Until 1970, this effectively required a covered jurisdiction to prove that it had not misused a test or device since before the Act was enacted five years earlier in 1965,[40]:6 making it impossible for many covered jurisdictions to bail out.[40]:27 However, Section 4(a) also prohibited covered jurisdictions from using tests or devices in any manner, discriminatory or otherwise; hence, under the original act, a covered jurisdiction would become eligible for bailout in 1970 by simply complying with this requirement. But in the course of amending the Act in 1970 and 1975 to extend the special provisions, Congress also extended the period of time that a covered jurisdiction must not have misused a test or device to 10 years and then to 17 years, respectively.[40]:7, 9 These extensions continued the effect of requiring jurisdictions to prove that they had not misused a test or device since before the Act's enactment in 1965.
In 1982, Congress amended Section 4(a) to make bailout easier to achieve in two ways. First, Congress provided that if a state is covered, local governments in that state may bail out even if the state is ineligible to bail out.[51] Second, Congress liberalized the eligibility criteria by replacing the 17-year requirement with a new standard, allowing a covered jurisdiction to bail out by proving that in the 10 years preceding its bailout request:
- The jurisdiction did not use a test or device with a discriminatory purpose or effect;
- No court determined that the jurisdiction denied or abridged the right to vote based on racial or language minority status;
- The jurisdiction complied with the preclearance requirement;
- The federal government did not assign federal examiners to the jurisdiction;
- The jurisdiction abolished discriminatory election practices; and
- The jurisdiction took affirmative steps to eliminate voter intimidation and expand voting opportunities for protected minorities.
Additionally, Congress required jurisdictions seeking bailout to produce evidence of minority registration and voting rates, including how these rates have changed over time and in comparison to the registration and voting rates of the majority. If the court determines that the covered jurisdiction is eligible for bailout, it will enter a declaratory judgment in the jurisdiction's favor. The court will retain jurisdiction for the following 10 years and may order the jurisdiction back into coverage if the jurisdiction subsequently engages in voting discrimination.[40][51][54]:22–23[141]
The 1982 amendment to the bailout eligibility standard went into effect on August 5, 1984.[51] Between that date and 2013, 196 jurisdictions bailed out of coverage through 38 bailout actions; in each instance, the attorney general consented to the bailout request.[117]:54 Between that date and 2009, all jurisdictions that bailed out were located in Virginia.[51] In 2009, a municipal utility jurisdiction in Texas bailed out after the Supreme Court's opinion in Northwest Austin Municipal Utility District No. 1 v. Holder (2009),[142] which held that local governments that do not register voters have the ability to bail out.[143] After this ruling, jurisdictions succeeded in at least 20 bailout actions before the Supreme Court held in Shelby County v. Holder (2013) that the coverage formula was unconstitutional.[117]:54
Separate provisions allow a covered jurisdiction that has been certified to receive federal observers to bail out of its certification alone. Under Section 13, the attorney general may terminate the certification of a jurisdiction if 1) more than 50 percent of the jurisdiction's minority voting age population is registered to vote, and 2) there is no longer reasonable cause to believe that residents may experience voting discrimination. Alternatively, the District Court for D.C. may order the certification terminated.[121]:237, 239[140]
Bilingual election requirements
Two provisions require certain jurisdictions to provide election materials to voters in multiple languages: Section 4(f)(4) and Section 203(c). A jurisdiction covered by either provision must provide all materials related to an election—such as voter registration materials, ballots, notices, and instructions—in the language of any applicable language minority group residing in the jurisdiction.[53]:209 Language minority groups protected by these provisions include Asian Americans, Hispanics, Native Americans, and Native Alaskans.[144] Congress enacted the provisions to break down language barriers and combat pervasive language discrimination against the protected groups.[53]:200, 209
Section 4(f)(4) applies to any jurisdiction encompassed by the Section 4(b) coverage formula where more than five percent of the citizen voting age population are members of a single language minority group. Section 203(c) contains a formula that is separate from the Section 4(b) coverage formula, and therefore jurisdictions covered solely by 203(c) are not subject to the Act's other special provisions, such as preclearance. The Section 203(c) formula encompasses jurisdictions where the following conditions exist:
- A single language minority is present that has an English-illiteracy rate higher than the national average; and
- Either:
- The number of "limited-English proficient" members of the language minority group is at least 10,000 voting-age citizens or large enough to comprise at least five percent of the jurisdiction's voting-age citizen population; or
- The jurisdiction is a political subdivision that contains an Indian reservation, and more than five percent of the jurisdiction's American Indian or Alaska Native voting-age citizens are members of a single language minority and are limited-English proficient.[53]:223–224
Section 203(b) defines "limited-English proficient" as being "unable to speak or understand English adequately enough to participate in the electoral process".[53]:223 Determinations as to which jurisdictions satisfy the Section 203(c) criteria occur once a decade following completion of the decennial census; at these times, new jurisdictions may come into coverage while others may have their coverage terminated. Additionally, under Section 203(d), a jurisdiction may "bail out" of Section 203(c) coverage by proving in federal court that no language minority group within the jurisdiction has an English illiteracy rate that is higher than the national illiteracy rate.[53]:226 After the 2010 census, 150 jurisdictions across 25 states were covered under Section 203(c), including statewide coverage of California, Texas, and Florida.[145]
Impacto
After its enactment in 1965, the law immediately decreased racial discrimination in voting. The suspension of literacy tests and the assignments of federal examiners and observers allowed for high numbers of racial minorities to register to vote.[85]:702 Nearly 250,000 African Americans registered in 1965, one-third of whom were registered by federal examiners.[146] In covered jurisdictions, less than one-third (29.3 percent) of the African American population was registered in 1965; by 1967, this number increased to more than half (52.1 percent),[85]:702 and a majority of African American residents became registered to vote in 9 of the 13 Southern states.[146] Similar increases were seen in the number of African Americans elected to office: between 1965 and 1985, African Americans elected as state legislators in the 11 former Confederate states increased from 3 to 176.[147]:112 Nationwide, the number of African American elected officials increased from 1,469 in 1970 to 4,912 in 1980.[112]:919 By 2011, the number was approximately 10,500.[148] Similarly, registration rates for language minority groups increased after Congress enacted the bilingual election requirements in 1975 and amended them in 1992. In 1973, the percent of Hispanics registered to vote was 34.9 percent; by 2006, that amount nearly doubled. The number of Asian Americans registered to vote in 1996 increased 58 percent by 2006.[53]:233–235
After the Act's initial success in combating tactics designed to deny minorities access to the polls, the Act became predominately used as a tool to challenge racial vote dilution.[85]:691 Starting in the 1970s, the attorney general commonly raised Section 5 objections to voting changes that decreased the effectiveness of racial minorities' votes, including discriminatory annexations, redistricting plans, and election methods such as at-large election systems, runoff election requirements, and prohibitions on bullet voting.[131]:105–106 In total, 81 percent (2,541) of preclearance objections made between 1965 and 2006 were based on vote dilution.[131]:102 Claims brought under Section 2 have also predominately concerned vote dilution.[85]:708–709 Between the 1982 creation of the Section 2 results test and 2006, at least 331 Section 2 lawsuits resulted in published judicial opinions. In the 1980s, 60 percent of Section 2 lawsuits challenged at-large election systems; in the 1990s, 37.2 percent challenged at-large election systems and 38.5 percent challenged redistricting plans. Overall, plaintiffs succeeded in 37.2 percent of the 331 lawsuits, and they were more likely to succeed in lawsuits brought against covered jurisdictions.[149]:654–656
By enfranchising racial minorities, the Act facilitated a political realignment of the Democratic and Republican parties. Between 1890 and 1965, minority disenfranchisement allowed conservative Southern Democrats to dominate Southern politics. After Johnson signed the Act into law, newly enfranchised racial minorities began to vote for liberal Democratic candidates throughout the South, and Southern white conservatives began to switch their party registration from Democrat to Republican en masse.[150]:290 These dual trends caused the two parties to ideologically polarize, with the Democratic Party becoming more liberal and the Republican Party becoming more conservative.[150]:290 The trends also created competition between the two parties,[150]:290 which Republicans capitalized on by implementing the Southern strategy.[151] Over the subsequent decades, the creation of majority-minority districts to remedy racial vote dilution claims also contributed to these developments. By packing liberal-leaning racial minorities into small numbers of majority-minority districts, large numbers of surrounding districts became more solidly white, conservative, and Republican. While this increased the elected representation of racial minorities as intended, it also decreased white Democratic representation and increased the representation of Republicans overall.[150]:292 By the mid-1990s, these trends culminated in a political realignment: the Democratic Party and the Republican Party became more ideologically polarized and defined as liberal and conservative parties, respectively; and both parties came to compete for electoral success in the South,[150]:294 with the Republican Party controlling most of Southern politics.[20]:203
Research shows that the Act successfully and massively increased voter turnout and voter registration, in particular among blacks.[15][16] The act has also been linked to concrete outcomes, such as greater public goods provision (such as public education) for areas with higher black population shares and more members of Congress who vote for civil rights-related legislation.[17][18] A 2016 study in the American Journal of Political Science found "that members of Congress who represented jurisdictions subject to the preclearance requirement were substantially more supportive of civil rights-related legislation than legislators who did not represent covered jurisdictions."[17] A 2013 Quarterly Journal of Economics study found that the Act boosted voter turnout and increases in public goods transfers from state governments to localities with higher black population.[18] A 2018 study in The Journal of Politics found that Section 5 of the 1965 Voting Rights Act "increased black voter registration by 14–19 percentage points, white registration by 10–13 percentage points, and overall voter turnout by 10–19 percentage points. Additional results for Democratic vote share suggest that some of this overall increase in turnout may have come from reactionary whites."[15] A 2019 study in the American Economic Journal found that preclearance substantially increased turnout among minorities, even as far as to 2012 (the year prior to the Supreme Court ruling ending preclearance).[16] The study estimates that preclearance led to an increase in minority turnout of 17 percentage points.[16] A 2020 study found that the jurisdictions which had previously been covered by preclearance massively increased the rate of voter registration purges after the 2013 United States Supreme Court Shelby County v. Holder decision in which the “coverage formula” in Section 4b of the VRA that determined which jurisdictions had to presubmit changes in their election policies for federal approval was struck down.[14]
Constitucionalidad
Voter eligibility provisions
Early in the Act's enforcement history, the Supreme Court addressed the constitutionality of several provisions relating to voter qualifications and prerequisites to voting. In Katzenbach v. Morgan (1966), the court upheld the constitutionality of Section 4(e). This section prohibits jurisdictions from administering literacy tests to citizens who attain a sixth-grade education in an American school in which the predominant language was Spanish, such as schools in Puerto Rico.[152] Although the court had earlier held in Lassiter v. Northampton County Board of Elections (1959) that literacy tests did not violate the Fourteenth Amendment,[153] in Morgan the court held that Congress could enforce Fourteenth Amendment rights—such as the right to vote—by prohibiting conduct it deemed to interfere with such rights, even if that conduct may not be independently unconstitutional.[154]:405–406[155]:652–656 After Congress created a nationwide ban on all literacy tests and similar devices in 1970 by enacting Section 201, the court upheld the ban as constitutional in Oregon v. Mitchell (1970).[113][156]
Also in Oregon v. Mitchell, the Supreme Court addressed the constitutionality of various other provisions relating to voter qualifications and prerequisites to voting. The court upheld Section 202, which prohibits every state and local government from requiring people to live in their borders for longer than 30 days before allowing them to vote in a presidential election. Additionally, the court upheld the provision lowering the minimum voting age to 18 in federal elections, but it held that Congress exceeded its power by lowering the voting age to 18 in state elections; this precipitated the ratification of the Twenty-sixth Amendment the following year, which lowered the voting age in all elections to 18. The court was deeply divided in Oregon v. Mitchell, and a majority of justices did not agree on a rationale for the holding.[113]:353[156]:118–121
Section 2 results test
The constitutionality of Section 2, which contains a general prohibition on discriminatory voting laws, has not been definitively explained by the Supreme Court. As amended in 1982, Section 2 prohibits any voting practice that has a discriminatory effect, irrespective of whether the practice was enacted or is administered for the purpose of discriminating. This "results test" contrasts with the Fourteenth and Fifteenth Amendments, both of which directly prohibit only purposeful discrimination. Given this disparity, whether the Supreme Court would uphold the constitutionality of Section 2 as appropriate legislation passed to enforce the Fourteenth and Fifteenth Amendments, and under what rationale, remains unclear.[23]:758–759
In Mississippi Republican Executive Opinion v. Brooks (1984),[157] the Supreme Court summarily affirmed, without a written opinion, a lower court's decision that 1982 amendment to Section 2 is constitutional.[158] Justice Rehnquist, joined by Chief Justice Burger, dissented from the opinion. They reasoned that the case presented complex constitutional issues that warranted a full hearing. When making later decisions, the Supreme Court is more likely to disregard a previous judgment if it lacks a written opinion, but for lower courts the Supreme Court's unwritten summary affirmances are as binding as are Supreme Court judgments with written opinions. Partially due to Brooks, the constitutionality of the Section 2 results test has since been unanimously upheld by lower courts.[23]:759–760
The pending case Brnovich v. Democratic National Committee (2021) is expected to evaluate the applicability of Section 2 in the wake of the decision of Shelby. The case involves a challenge to a set of Arizona election laws and policies that the Democratic National Party asserted were discriminatory towards Hispanics and Native Americans under VRA's Section 2. While lower courts upheld the election laws, an en banc Ninth Circuit reversed the decision and found these laws to be in violation of Section 2. The question of Section 2's applicability is the crux of the case at the Supreme Court.[159]
During oral arguments on March 2, 2021, Michael Garvin, an attorney representing the Arizona Republican party, was asked by justice Amy Coney Barrett what interest the party had in invalidating the Arizona voting restrictions, to which Garvin replied, "Because it puts us at a competitive disadvantage relative to Democrats."[160][161][162]
Coverage formula and preclearance
The Supreme Court has upheld the constitutionality of the Section 5 preclearance requirement in three cases. The first case was South Carolina v. Katzenbach (1966),[163] which was decided about five months after the Act's enactment. The court held that Section 5 constituted a valid use of Congress's power to enforce the Fifteenth Amendment, reasoning that "exceptional circumstances" of pervasive racial discrimination, combined with the inadequacy of case-by-case litigation in ending that discrimination, justified the preclearance requirement.[163]:334–335[164]:76 The court also upheld the constitutionality of the 1965 coverage formula, saying that it was "rational in both practice and theory" and that the bailout provision provided adequate relief for jurisdictions that may not deserve coverage.[163]:330[164]:76–77
The Supreme Court again upheld the preclearance requirement in City of Rome v. United States (1980).[165] The court held that because Congress had explicit constitutional power to enforce the Reconstruction Amendments "by appropriate legislation", the Act did not violate principles of federalism. The court also explicitly upheld the "discriminatory effect" prong of Section 5, stating that even though the Fifteenth Amendment directly prohibited only intentional discrimination, Congress could constitutionally prohibit unintentional discrimination to mitigate the risk that jurisdictions may engage in intentional discrimination. Finally, the court upheld the 1975 extension of Section 5 because of the record of discrimination that continued to persist in the covered jurisdictions. The court further suggested that the temporary nature of the special provisions was relevant to Section 5's constitutionality.[164]:77–78
The final case in which the Supreme Court upheld Section 5 was Lopez v. Monterey County (Lopez II) (1999).[166] In Lopez II, the court reiterated its reasoning in Katzenbach and Rome, and it upheld as constitutional the requirement that covered local governments obtain preclearance before implementing voting changes that their parent state required them to implement, even if the parent state was not itself a covered jurisdiction.[164]:78[167]:447
The 2006 extension of Section 5 was challenged before the Supreme Court in Northwest Austin Municipal Utility District No. 1 v. Holder (2009).[142] The lawsuit was brought by a municipal water district in Texas that elected members to a water board. The District wished to move a voting location from a private home to a public school, but that change was subject to preclearance because Texas was a covered jurisdiction. The District did not register voters, and thus it did not appear to qualify as a "political subdivision" eligible to bail out of coverage. Although the court indicated in dicta (a non-binding part of the court's opinion) that Section 5 presented difficult constitutional questions, it did not declare Section 5 unconstitutional; instead, it interpreted the law to allow any covered local government, including one that does not register voters, to obtain an exemption from preclearance if it meets the bailout requirements.[168][169]
In a 5–4 decision in Shelby County v. Holder (2013),[170] the Supreme Court struck down Section 4(b) as unconstitutional.[12][125] The court reasoned that the coverage formula violates the constitutional principles of "equal sovereignty of the states" and federalism because its disparate treatment of the states is "based on 40 year-old facts having no logical relationship to the present day", which makes the formula unresponsive to current needs.[12][124] The court did not strike down Section 5, but without Section 4(b), no jurisdiction may be subject to Section 5 preclearance unless Congress enacts a new coverage formula.[13] After the decision, several states that were fully or partially covered—including Texas, Mississippi, North Carolina, and South Carolina—implemented laws that were previously denied preclearance. This prompted new legal challenges to these laws under other provisions unaffected by the court's decision, such as Section 2.[171]:189–200 Research has shown that the coverage formula and the requirement of preclearance substantially increased turnout among racial minorities, even as far as the year before Shelby County.[16] Some jurisdictions that had previously been covered by the coverage formula increased the rate of voter registration purges after Shelby County.[172]
Racial gerrymandering
While Section 2 and Section 5 prohibit jurisdictions from drawing electoral districts that dilute the votes of protected minorities, the Supreme Court has held that in some instances, the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment prevents jurisdictions from drawing district lines to favor protected minorities. The court first recognized the justiciability of affirmative "racial gerrymandering" claims in Shaw v. Reno (1993).[173] In Miller v. Johnson (1995),[174] the court explained that a redistricting plan is constitutionally suspect if the jurisdiction used race as the "predominant factor" in determining how to draw district lines. For race to "predominate", the jurisdiction must prioritize racial considerations over traditional redistricting principles, which include "compactness, contiguity, [and] respect for political subdivisions or communities defined by actual shared interests."[174]:916[175]:621 If a court concludes that racial considerations predominated, then the redistricting plan is considered "racially gerrymandered" and must be subjected to strict scrutiny, meaning that the redistricting plan will be upheld as constitutional only if it is narrowly tailored to advance a compelling state interest. In Bush v. Vera (1996),[176]:983 a plurality of the Supreme Court assumed that complying with Section 2 or Section 5 constituted compelling interests, and lower courts have allowed only these two interests to justify racial gerrymandering.[23]:877
Ver también
- Help America Vote Act (HAVA)
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- ^ The Courts of Appeals in the Fifth Circuit,[93] Eleventh Circuit,[94] and Ninth Circuit[95] have either explicitly held that coalition suits are allowed under Section 2 or assumed that such suits are permissible, while those in the Sixth Circuit[96] and Seventh Circuit[97] have rejected such suits.[23]:703
- ^ Courts of Appeals in the Second Circuit[100] and Fourth Circuit[101] have held that such proof is not an absolute requirement for liability but is a relevant additional factor under the "totality of the circumstances" test. In contrast, the Fifth Circuit has held that such proof is a required component of the third precondition.[23]:711–712[102]
- ^ The Court of Appeals for the Second Circuit held that challenges to majority-vote requirements under Section 2 are not cognizable,[106] while the Eastern District of Arkansas held the opposite.[23]:752–753[107]
- ^ The Supreme Court subsequently held that plaintiffs may alternatively bring Section 5 enforcement actions in state courts.[23]:534[129]
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enlaces externos
- Text of original Act and 1970, 1975, and 1982 amendments (PDF)
- Voting Rights Enforcement and Reauthorization: An Examination of the Act's Section 5 Preclearance Provision, U.S. Commission on Civil Rights
- Voting Rights Act: Past, Present, and Future, Justice Talking
- The Voting Rights Act of 1965: Background and Overview (PDF), Congressional Research Service
- "The Selma to Montgomery Voting Rights March: Shaking the Conscience of the Nation", a National Park Service Teaching with Historic Places lesson plan
- Voting Rights Act: Evidence of Continued Need: Hearing before the Subcommittee on the Constitution of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, One Hundred Ninth Congress, Second Session, March 8, 2006, Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Vol. 4
- The Great Society Congress