Ministerio Público (Honduras)
El Ministerio Público de Honduras es una organización pública y constitucional. Fue establecido el 6 de enero de 1994 mediante Decreto Legislativo No. 228-93. Tiene su sede en la ciudad de Tegucigalpa , la capital de Honduras. Es una organización independiente, autónoma y apolítica. No depende de la Corte Suprema ni de la Fiscalía General. El Fiscal General es designado por el Congreso Nacional.
Sus funciones principales son perseguir todo tipo de delitos, garantizar que todos los ciudadanos respeten la Constitución y las leyes del país, y representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad. Toda la República de Honduras es competencia del Ministerio Público. Todo ciudadano tiene acceso a esta oficina sin ninguna restricción de edad, sexo, religión, etc.
Antes de 1994, la entidad pública que representaba al estado formaba parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras . Los fiscales eran civiles designados políticamente y dispuestos a representarse ante los casos competentes ante el sistema judicial. Es así como se mantuvo la personería jurídica fiscal en los juicios de procedimientos escritos desde el siglo XIX.
La “Ley del Ministerio Público” fue emitida durante el gobierno del señor Rafael Leonardo Callejas por el Congreso Nacional de Honduras. En 1994 se instalaron nuevos agentes fiscales y la DIC (Dirección de Investigación Criminal), una nueva policía de instrucción, en sustitución de la controvertida DNI (Dirección Nacional de Investigación). Unidos a la rama científica de la medicina forense, modernizarían y remplazarían para mejor el obsoleto sistema de investigación que se llevaba a cabo en Honduras, haciendo más efectivas las investigaciones penales y el sistema de justicia.
El actual fiscal general es Óscar Fernando Chinchilla Banegas, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal adjunto es Rigoberto Cuéllar, exministro de la Oficina de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Ambos fueron elegidos el 31 de agosto de 2013. [1] [2]
La fiscalía recibe más de 50.000 casos anuales para investigar. Tiene capacidad para investigar solo el 5%; el 95% restante de los casos se deja sin investigación. Debido a esto ha habido un aumento de la delincuencia. [3]
