Las protestas de 2018 en Costa Rica fueron un conflicto civil que se desarrolló en el país centroamericano de Costa Rica durante 93 días, luego de que los sindicatos se declararan en huelga indefinida contra el proyecto de ley de reforma tributaria impulsado por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa. [1]
El movimiento de protesta se inició el 10 de septiembre de 2018 y culminó el 11 de diciembre de ese mismo año, cuando los sindicatos de la Corte Suprema, los únicos que seguían en huelga, abandonaron su protesta.
La amplitud del paro provocó severas afectaciones en la prestación de servicios en centros médicos, escuelas, colegios, universidades, distribución de combustibles, juicios, audiencias y otros procesos judiciales e interrumpió el paso por importantes rutas nacionales. [2]
El paro se constituyó como el conflicto social más largo de la historia de Costa Rica , superando el paro general del año 2000 contra el Combo del ICE. La magnitud y duración del movimiento produjo una contracción en el crecimiento del PBI nominal del país de 0,4 puntos porcentuales, generó pérdidas por 13 800 millones de colones y desató un debate nacional sobre los alcances y limitaciones del derecho de huelga, porque los tribunales de justicia tomó un tiempo considerable para dictar las sentencias que calificaron como legales o ilegales las distintas protestas en las distintas instituciones estatales. [3]
Los paros también registraron hechos de violencia, enfrentamientos entre policías y huelguistas, ataques a infraestructura y edificios estatales, entre ellos la Refinería de Petróleo de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda, así como un atentado contra el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada , en medio de una vía pública. [4]