Se convocó un referéndum nacional para el 27 y 28 de febrero de 1975, donde la mayoría de los barangays votaron y aprobaron lo siguiente:
- El uso por parte del presidente de su poder para reestructurar los gobiernos locales en la Gran Manila en un sistema integrado como una comisión de administración bajo los términos y condiciones que él decida,
- El nombramiento por parte del presidente de los sucesores de los funcionarios electivos locales (fuera de la Gran Manila) cuyo mandato expiró el 31 de diciembre de 1975, y
- La forma en que el Presidente ha estado ejerciendo sus poderes bajo la Ley Marcial y la Constitución y que el Presidente debe continuar ejerciendo los mismos poderes.
- Referéndum que permita continuar la ley marcial, no convocar a la Asamblea Nacional Interina y extender los mandatos de los funcionarios locales por nombramiento, y suspender las elecciones, de conformidad con los Decretos Presidenciales Nos. 1366, 1366-A y 1366-B.