Bliss v Canadá (AG)


Bliss v Canada (AG) [1979] 1 SCR 183 es ​​una famosa decisión de la Corte Suprema de Canadá sobre la igualdad de derechos de las mujeres en virtud de la Declaración de Derechos de Canadá . El Tribunal sostuvo que las mujeres no tenían derecho a las prestaciones que les negaba la Ley del seguro de desempleo durante un determinado período de embarazo. Desde entonces, este caso se ha convertido en el principal ejemplo que demuestra las deficiencias de la Declaración de Derechos de Canadá para defender y proteger los derechos de las personas. Esta decisión fue finalmente revocada en Brooks v. Canada Safeway Ltd. , [1989] 1 SCR 1219.

Stella Bliss tuvo que dejar su trabajo debido a un embarazo cuatro días antes de dar a luz. Debido a su situación, no tenía derecho a los beneficios completos en virtud del artículo 30 de la ley, sino que estaba sujeta al artículo 46, que le negaba los beneficios durante un período de seis semanas después del parto.

Bliss impugnó la limitación de beneficios en virtud del artículo 46 como una violación del artículo 1 (b) de la Declaración de Derechos, que protege contra la discriminación basada en el sexo y garantiza "el derecho de la persona a la igualdad ante la ley y la protección de la ley" . Bliss afirmó que la ley violaba su derecho a la "igualdad ante la ley".

La Junta de Árbitros, entonces el tribunal laboral, rechazó su reclamo, pero en apelación al "Árbitro", tuvo éxito. En la Corte Federal de Apelaciones , la decisión del árbitro fue revocada.

El juez Ritchie, al escribir para un tribunal unánime, sostuvo que la ley era válida y no violaba la disposición de igualdad de la Declaración de Derechos.

Richie señaló que la Ley era un código completo que tomaba en cuenta los intereses de las mujeres, y "cualquier desigualdad entre los sexos en esta área no es creada por la legislación sino por la naturaleza". Esto significa que, si bien la Declaración de Derechos protege contra la discriminación sexual, en este caso la discriminación no fue contra las mujeres sino contra las personas embarazadas. Rechazó el argumento de que el artículo 46 negaba la "igualdad ante la ley" y consideró que la ley era un ejercicio perfectamente válido de la autoridad del Parlamento para crear legislación.