El acceso a la información pública y la libertad de información (FOI) se refieren al derecho de acceso a la información en poder de los organismos públicos, también conocido como "derecho a saber". El acceso a la información pública se considera de fundamental importancia para el funcionamiento efectivo de los sistemas democráticos, ya que mejora la rendición de cuentas de los gobiernos y funcionarios públicos, impulsando la participación de las personas y permitiendo su participación informada en la vida pública. La premisa fundamental del derecho de acceso a la información pública es que la información en poder de las instituciones gubernamentales es en principio pública y sólo puede ser ocultada sobre la base de razones legítimas que deben ser detalladas en la ley. [1]
En el curso de las negociaciones de adhesión a la UE, Croacia armonizó su legislación sobre medios de comunicación con los estándares europeos. Este proceso abordó también la legislación sobre el acceso a la información pública, que se ha modificado para reflejar las normas europeas e internacionales. [2]
Croacia adoptó así su ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública en 2013, después de una década de incidencia, campañas y debates públicos liderados por organizaciones de la sociedad civil. [3] [4] Sin embargo, a pesar de las mejoras del marco legal que regula el acceso a la información pública, persisten problemas en la implementación, especialmente para los periodistas dispuestos a solicitar y obtener información del gobierno. [2]
En Croacia, el acceso a la información pública se ha convertido en un derecho constitucional con las enmiendas de 2010 a la Constitución. [5] Está regulado por la Ley sobre el derecho de acceso a la información adoptada por el Parlamento de Croacia en 2013. La Ley también regula la reutilización de la información en poder de las autoridades públicas. La Ley cumple con la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la reutilización de la información del sector público y con el Reglamento 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso público a Documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. [6]
De acuerdo con la Ley, el derecho de acceso a la información comprende el derecho de los beneficiarios, es decir, cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, a buscar y adquirir información, así como la obligación de las autoridades públicas de garantizar el acceso a la información solicitada, independientemente de la solicitud. [6]
Los organismos públicos están obligados a publicar en Internet la siguiente información relevante: leyes y demás reglamentos en su campo de actividad, incluidos los proyectos de ley; actos y decisiones generales que afecten los intereses de los beneficiarios; planes anuales, programas, estrategias e informes financieros referentes al trabajo de los órganos de la autoridad pública; información sobre presupuesto, fuentes de financiamiento y subsidios; información sobre su organización interna; notas y conclusiones de sesiones oficiales; información sobre contratación pública y licitaciones; información sobre la forma de ejercer los derechos de acceso y reutilización de la información, incluidos los datos de contacto del Comisionado de Información y la tarifa requerida para acceder y reutilizar la información. [6]