Las moratorias fiscales vascas fueron políticas económicas destinadas a atraer inversión extranjera al País Vasco , en España , implementadas durante el período 1993-1994 por el Gobierno Vasco del Lehendakari José Antonio Ardanza , la política benefició a las empresas que se instalarían en esta comunidad autónoma .
La política incluía una reducción gradual de 10 años de la base imponible del impuesto sobre sociedades y un crédito fiscal del 45% sobre nuevas inversiones superiores a 15.025.303 euros en nuevo inmovilizado material a cualquier empresa con un capital social de 120.000 euros o un mínimo de 10 trabajadores ( en la práctica afectó a casi cualquier PYME ). [1] Todos estos beneficios fueron emitidos por las tres Tesorerías Vascas (Hacienda de Guipúzcoa, Hacienda de Vizcaya y Hacienda de Álava). Se beneficiaron unas 300 empresas.
Tanto la Comunidad Autónoma de La Rioja como Cantabria , a falta de un acuerdo económico para contrarrestar estas medidas, consideraron que estos beneficios perjudicaron significativamente a las empresas establecidas en territorios limítrofes con el País Vasco y fomentaron la deslocalización empresarial, las medidas fueron denunciadas como competencia desleal .
En 2000, la Unión Europea declaró que estas medidas eran ilegales de acuerdo con el Tratado de la Comunidad . En 2006 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se puso del lado de la Comisión Europea y solicitó al gobierno de España revertir cualquier beneficio el 14 de diciembre de 2006, [2] considerándolos como "ayudas estatales incompatibles con el mercado común".
En 2011, Joaquín Almunia , comisario de Competencia de la Unión Europea exigió al Gobierno Vasco revertir estos beneficios y; en última instancia, a las empresas beneficiarias para que lo hagan. [3]