La Ley de derechos humanos de 1998 (c. 42) es una ley del Parlamento del Reino Unido que recibió la sanción real el 9 de noviembre de 1998 y entró en vigor el 2 de octubre de 2000. [1] Su objetivo era incorporar en la legislación británica los derechos contenido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos . La ley pone a disposición de los tribunales del Reino Unido un recurso por incumplimiento de un derecho de la Convención, sin necesidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo .
Título largo | Una ley para dar mayor efecto a los derechos y libertades garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos; tomar disposiciones con respecto a los titulares de determinados cargos judiciales que se conviertan en jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y para fines relacionados. |
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Citación | 1998 c. 42 |
Extensión territorial | Reino Unido |
fechas | |
Asentimiento real | 9 de noviembre de 1998 |
Comienzo | principalmente el 2 de octubre de 2000 |
Otra legislación | |
Modificado por | Sub-s (1): en el párrafo (c) palabras "Artículo 1 del Decimotercer Protocolo" entre corchetes sustituido por SI 2004/1574, art 2 (1). Fecha en vigor: 22 de junio de 2004: véase SI 2004/1574, art 1. Sub-s (4): palabras "Secretario de Estado" entre corchetes sustituidas por SI 2003/1887, art 9, Sch 2, párr. 10 (1 ). Fecha en vigor: 19 de agosto de 2003: véase SI 2003/1887, art 1 (2). |
Se relaciona con | Ley de Derechos Humanos de 1998 (Enmienda) Orden de 2004, SI 2004/1574 (formulada en virtud del inciso 4)). |
Estado: modificado | |
Texto del estatuto como se promulgó originalmente | |
Texto revisado del estatuto enmendado |
En particular, la ley declara ilegal que cualquier organismo público actúe de manera incompatible con la convención, a menos que la redacción de cualquier otra legislación primaria no ofrezca otra opción. También requiere que el poder judicial (incluidos los tribunales) tenga en cuenta las decisiones, sentencias u opiniones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que interprete la legislación, en la medida de lo posible, de manera compatible con los derechos de la Convención. [2] Sin embargo, si no es posible interpretar una ley del Parlamento para hacerla compatible con la convención, los jueces no pueden anularla. Todo lo que pueden hacer es emitir una declaración de incompatibilidad . Esta declaración no afecta la validez de la Ley del Parlamento: de esa manera, la Ley de Derechos Humanos busca mantener el principio de soberanía parlamentaria , de conformidad con la Constitución del Reino Unido . Sin embargo, los jueces pueden derogar la legislación secundaria . En virtud de la ley, las personas conservan el derecho a entablar una demanda en los tribunales de Estrasburgo.
El ex primer ministro David Cameron criticó la Ley de 2007 y propuso reemplazarla con una " Declaración de Derechos Británica " durante su segundo ministerio . [3] El reemplazo no se llevó a cabo.
Fondo
La convención fue redactada por el Consejo de Europa después de la Segunda Guerra Mundial . Sir David Maxwell-Fyfe fue el presidente del Comité de Asuntos Jurídicos y Administrativos de la Asamblea Consultiva del consejo de 1949 a 1952, y supervisó la redacción del Convenio Europeo de Derechos Humanos . Fue diseñado para incorporar un enfoque tradicional de libertades civiles para asegurar una "democracia política efectiva" de las fuertes tradiciones de libertad en el Reino Unido. Como miembro fundador del Consejo de Europa , el Reino Unido se adhirió al Convenio Europeo de Derechos Humanos en marzo de 1951. Sin embargo, no fue hasta la década de 1960 que los ciudadanos británicos pudieron presentar demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). . Durante la década de 1980, grupos como Charter 88 , que invocó el 300 aniversario de la Revolución Gloriosa en 1688 y la Declaración de Derechos de 1689 , acusaron al ejecutivo de abusar de su poder y argumentaron que se necesitaba una nueva Declaración de Derechos Británica para garantizar los derechos humanos. en el Reino Unido.
En su manifiesto para las elecciones generales de 1997 , el Partido Laborista se comprometió a incorporar la Convención Europea en la legislación nacional. Cuando la elección resultó en una aplastante victoria laborista, el partido, bajo el liderazgo de Tony Blair , cumplió el compromiso del Parlamento de aprobar la Ley de Derechos Humanos el año siguiente.
El Libro Blanco de 1997 "Derechos traídos a casa" [4] decía:
Se necesitan en promedio cinco años para iniciar una acción en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una vez que se han agotado todos los recursos internos; y cuesta un promedio de £ 30,000. Llevar estos derechos a casa significará que el pueblo británico podrá defender sus derechos en los tribunales británicos, sin esta demora y costo excesivos.
Estructura
La Ley de derechos humanos impone a todos los tribunales del Reino Unido el deber de interpretar la legislación, en la medida de lo posible, de manera compatible con los derechos establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos ( artículo 3 (1) ). Si eso no es posible, el tribunal puede emitir una "declaración de incompatibilidad". La declaración no invalida la legislación, pero permite la enmienda de la legislación mediante un procedimiento rápido especial de conformidad con el artículo 10 de la ley. Hasta agosto de 2006, se habían realizado 20 declaraciones, de las cuales seis fueron revocadas en apelación.
La Ley de Derechos Humanos se aplica a todos los organismos públicos del Reino Unido, incluidos el gobierno central, las autoridades locales y los organismos que ejercen funciones públicas. Sin embargo, no incluye al Parlamento cuando actúa en su capacidad legislativa.
Seccion 3
La sección 3 es una disposición particularmente amplia que requiere que los tribunales interpreten tanto la legislación primaria como la subordinada para que sus disposiciones sean compatibles con los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que también forman parte de la Ley de Derechos Humanos. [5] Esta interpretación va mucho más allá de la interpretación legal normal , [5] e incluye legislación pasada y futura, evitando así que la Ley de Derechos Humanos sea derogada implícitamente . [6] Los tribunales han aplicado esto a través de tres formas de interpretación: "leer", insertando palabras donde no hay ninguna en un estatuto; "lectura", donde se omiten palabras de un estatuto; y "lectura hacia abajo", donde se elige un significado particular para cumplir. [7] No interpretan un estatuto para darle un significado que entraría en conflicto con la intención legislativa , y los tribunales se han mostrado especialmente reacios a "leer" las disposiciones por este motivo. Si no es posible interpretarlo así, podrán emitir una declaración de incompatibilidad con arreglo al artículo 4. [8]
Secciones 4 y 10
Las secciones 4 y 10 permiten a los tribunales emitir una declaración de incompatibilidad cuando es imposible utilizar la sección 3 para interpretar la legislación primaria o subordinada como compatible con los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que también forman parte de la Ley de Derechos Humanos. [9] En estos casos, la interpretación para cumplir puede entrar en conflicto con la intención legislativa . [10] Se considera una medida de último recurso. Una serie de cortes superiores puede emitir una declaración de incompatibilidad. [9]
La declaración de incompatibilidad no es vinculante para las partes del proceso en el que se realiza [9], ni una declaración puede invalidar la legislación. [11] Por lo tanto, la sección 4 logra su objetivo por medios políticos más que legales.
La sección 10 otorga a un ministro del gobierno el poder de emitir una "orden de reparación" en respuesta a
- una declaración de incompatibilidad, contra la que no hay posibilidad de recurso, [12] o
- una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Una orden de reparación puede "hacer las enmiendas a la legislación que [el Ministro] considere necesarias para eliminar la incompatibilidad". [13] Las órdenes de remediación no requieren la aprobación legislativa total, [11] pero deben ser aprobadas por resoluciones de cada Cámara del Parlamento. En casos especialmente urgentes, la aprobación parlamentaria puede ser retroactiva. [14]
Las órdenes de reparación pueden tener efecto retroactivo, pero nadie puede ser culpable de un delito penal únicamente como resultado del efecto retroactivo de una orden de reparación. [15]
La sección 10 se ha utilizado para hacer pequeños ajustes a fin de armonizar la legislación con los derechos de la Convención, aunque a veces son necesarias piezas legislativas completamente nuevas. [dieciséis]
A diciembre de 2014 se han emitido 29 declaraciones de incompatibilidad, de las cuales [17]
- 8 han sido anulados en apelación
- 1 está pendiente de apelación, a diciembre de 2014
- 16 se han subsanado mediante el proceso legislativo ordinario (incluida la modificación o derogación de la legislación infractora).
- 3 se han abordado mediante órdenes correctivas
- 1 no se ha solucionado.
El único caso que no se ha solucionado, a diciembre de 2014, es el de Smith v. Scott , relativo al derecho de voto de los presos en servicio en el Reino Unido. [17]
Secciones 6 a 9
Aunque la Ley, según sus propios términos, se aplica solo a los organismos públicos , ha tenido una influencia creciente en los litigios de derecho privado entre ciudadanos individuales, lo que ha llevado a algunos académicos (¿fuente?) A afirmar que también tiene un efecto horizontal (como en las disputas entre ciudadanos). como efecto vertical (como en las disputas entre el Estado y los ciudadanos). Esto se debe a que el artículo 6 (1) de la Ley de derechos humanos define a los tribunales como organismos públicos. Eso significa que sus sentencias deben cumplir con las obligaciones de derechos humanos del estado, ya sea una disputa entre el estado y los ciudadanos, o entre los ciudadanos, excepto en los casos de declaraciones de incompatibilidad. Por lo tanto, los jueces tienen el deber de actuar de manera compatible con la Convención incluso cuando una acción sea privada entre dos ciudadanos.
La forma en que se ejerce el deber público en el derecho privado se abordó en una decisión de junio de 2016 McDonald v McDonald & Ors [2016] UKSC 28 (15 de junio de 2016) donde el Tribunal Supremo del Reino Unido consideró en primer lugar la cuestión "... si un tribunal, al considerar una reclamación de posesión por parte de un propietario del sector privado contra un ocupante residencial, se le debe exigir que considere la proporcionalidad de desalojar al ocupante, a la luz de la sección 6 de la Ley de Derechos Humanos de 1998 y el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos "
El Tribunal Supremo decidió (párrafo 46) que "hay muchos casos en los que se puede exigir al tribunal que equilibre los derechos contradictorios de la Convención de dos partes, por ejemplo, cuando una persona busca basarse en sus derechos del artículo 8 para impedir que un periódico publique un artículo que viola su privacidad, y donde el periódico se basa en el artículo 10. Pero tales disputas surgen no de arreglos contractuales hechos entre dos partes privadas, sino de relaciones ilícitas o cuasi-ilícitas , donde la legislatura ha dejado expresa, implícitamente o por inacción. los tribunales para realizar el ejercicio de equilibrio " .
Por lo tanto, en los casos "en los que las partes mantienen una relación contractual respecto de la cual la legislatura ha prescrito cómo se respetarán sus respectivos derechos de la Convención" , la Corte decidió, como se establece en el párrafo 59 "En estas circunstancias, si bien aceptamos que la jurisprudencia del tribunal de Estrasburgo en la que se basó la apelante proporciona cierto apoyo a la idea de que el artículo 8 estaba comprometido cuando se pidió a la jueza Corrie que dictara una orden de posesión en su contra, no hay respaldo para la proposición de que se podría exigir al juez que considerar la proporcionalidad de la orden que habría dictado en virtud de las disposiciones de las Leyes de 1980 y 1988. En consecuencia, por las razones expuestas en los párrafos 40 a 46 supra, desestimaríamos esta apelación sobre la primera cuestión ".
El párrafo 40 suponía que "... el inquilino no puede sostener que el artículo 8 podría justificar un orden diferente al que impone la relación contractual entre las partes, al menos cuando, como aquí, existen disposiciones legislativas que la legislatura elegida democráticamente ha decidido equilibrar adecuadamente los intereses en competencia de los propietarios del sector privado y los inquilinos residenciales ".
Por lo tanto, el deber de los jueces estatales de aplicar los derechos de la Convención a las disputas entre ciudadanos consiste en determinar las relaciones entre ellos y aplicar la legislación nacional en consecuencia. Si se lleva a cabo el deber, es probable que se cumpla con el Artículo 6 .
La sección 7 limita el derecho a iniciar procedimientos en virtud de la sección 6 solo a las víctimas (o víctimas potenciales) del acto ilícito de la autoridad pública.
La Sección 8 establece el derecho de un tribunal a tomar cualquier remedio que considere justo y apropiado. Por lo tanto, un recurso en virtud de la ley no se limita a una declaración de incompatibilidad posiblemente teniendo en cuenta la máxima equitativa La equidad se deleita en hacer justicia y no a medias .
La sección 9 establece el derecho a impugnar el cumplimiento de los actos judiciales realizados por el Reino Unido, pero solo mediante el ejercicio del derecho de apelación establecido por la Ley de Acceso a la Justicia de 1999 (aunque sin excluir el derecho a una revisión judicial). Por ejemplo, si un acto judicial aplica adecuadamente la legislación o no.
Otras Secciones
La Sección 8 dice que los jueces del Reino Unido pueden otorgar cualquier remedio que se considere justo y apropiado.
Derechos protegidos
Muchos derechos establecidos en virtud de la Ley de Derechos Humanos de 1998 ya estaban protegidos por la ley del Reino Unido (como la libertad), pero el propósito de la Ley era en gran parte establecer el Convenio Europeo de Derechos Humanos en la legislación británica.
El artículo 21 (5) de la ley abolió por completo la pena de muerte en el Reino Unido , con efecto sobre el consentimiento real. La pena de muerte ya se había abolido para todos los delitos civiles, incluido el asesinato ( Ley de asesinato (abolición de la pena de muerte) de 1965 ) y la traición ( Ley de delitos y desórdenes de 1998 ), pero seguía en vigor para ciertos delitos militares (aunque estas disposiciones no se habían aplicado). utilizado durante varias décadas).
Esta disposición no fue requerida por la Convención Europea (el protocolo 6 permite la pena de muerte en tiempo de guerra; el protocolo 13, que prohíbe la pena de muerte en todas las circunstancias, no existía entonces); más bien, el gobierno la introdujo como una enmienda tardía en respuesta a la presión parlamentaria.
La ley establece que es ilegal que una "autoridad pública" actúe de manera que contravenga los "derechos de la Convención". [18] A estos efectos, la autoridad pública incluye a cualquier otra persona "cuyas funciones sean funciones de carácter público". [19] También incluye explícitamente a los tribunales. [20] Los derechos de la Convención incluyen solo los derechos especificados en la sección 1 de la Ley (estos se enumeran en su totalidad en el Anexo 1). [21] En la interpretación de esos derechos, la Ley establece que los tribunales nacionales "pueden" tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). [22]
La sección 7 permite a cualquier persona legitimada (según lo estipulado por el artículo 34 de la convención) presentar una acción contra una autoridad pública que haya actuado o se proponga actuar de manera que contravenga la Convención. [23] Este es un estándar más riguroso que el que se aplica habitualmente a las revisiones judiciales en inglés, aunque no en escocés .
Si se sostiene que la autoridad pública ha violado los derechos de la Convención del demandante , entonces el tribunal está facultado para "otorgar tal reparación o reparación, o dictar tal orden, dentro de sus poderes, según lo considere justo y apropiado". [24] Esto puede incluir una indemnización por daños y perjuicios , aunque la Ley establece limitaciones sobre la capacidad del tribunal para otorgar dicha indemnización. [25]
Sin embargo, la ley también ofrece una defensa para las autoridades públicas si su Convención que viola la ley cumple una obligación imperativa que les impone la legislación primaria de Westminster . [26] Sin embargo, la ley prevé que este será normalmente un estándar difícil de cumplir, ya que requiere que los tribunales lean dicha legislación (y, en ese caso, la legislación subordinada ) "En la medida de lo posible, hacerlo ... de una manera que sea compatible con los derechos de la Convención ". [27]
Cuando sea imposible interpretar la legislación primaria conforme a la Convención, la única sanción de que disponen los tribunales es declarar la incompatibilidad con respecto a ella. [28] El poder para hacerlo está restringido a los tribunales superiores. [29] Tal declaración no tiene un impacto directo sobre la vigencia continua de la legislación, pero es probable que produzca presión pública sobre el gobierno para que elimine la incompatibilidad. También refuerza el caso de un demandante armado con tal decisión de los tribunales nacionales en cualquier apelación posterior al TEDH. Con el fin de proporcionar un rápido cumplimiento de la convención, la ley permite a los ministros tomar medidas correctivas para enmendar incluso la legislación primaria infractora a través de la legislación subordinada . [30]
Los articulos
Los siguientes son los derechos protegidos por la ley que se enumeran en el Anexo uno
Parte 1
- Derecho a la vida
- El derecho a la vida de todas las personas estará protegido por la ley.
- Prohibición de la tortura
- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
- Prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso
- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre
- Nadie estará obligado a realizar trabajo forzoso u obligatorio.
- Derecho a la libertad y la seguridad
- Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad de una persona.
- Todos los detenidos serán informados sin demora.
- Derecho a un juicio justo
- Toda persona tiene derecho a una audiencia pública y justa en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial.
- Toda persona acusada de un delito se presumirá inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
- Todas las personas acusadas de un delito penal tienen los siguientes derechos mínimos
- Ser informado con prontitud
- Disponer del tiempo y las instalaciones adecuadas para la preparación de su defensa.
- a defenderse personalmente o mediante asistencia letrada de su elección o, si no dispone de medios suficientes para costear la asistencia letrada, a que se le brinde gratuitamente cuando los intereses de la justicia así lo requieran
- interrogar o hacer interrogar a testigos en su contra y obtener la asistencia y el interrogatorio de testigos en su favor en las mismas condiciones que los testigos en su contra
- a tener la asistencia gratuita de un intérprete si no puede entender o hablar el idioma utilizado en el tribunal
- Sin castigo sin ley
- Nadie será declarado culpable de ningún delito por cualquier acto u omisión que no constituya delito en virtud del derecho nacional o internacional en el momento en que se cometió.
- Derecho al respeto de la vida privada y familiar
- Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence
- Freedom of thought, conscience and religion
- Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance
- Freedom of expression
- Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers
- Freedom of assembly and association
- Right to marry
- Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family,
- Prohibition of discrimination
- The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinions, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status
- Restrictions on political activity of aliens
- Prohibition of abuse of rights
Part 2
- Protection of property
- Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law
- Right to education
- No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions
- Right to free elections
Part 3 (replaced by other legislation)
- Abolition of the death penalty
- Death penalty in times of war
Jurisprudencia notable en materia de derechos humanos
- Lee Clegg's murder conviction gave rise to the first case invoking the Act, brought by The Times in October 2000 which sought to overturn a libel ruling against the newspaper.
- Campbell v. MGN Ltd. [2002] EWCA Civ 1373, Naomi Campbell and Sara Cox both sought to assert their right to privacy under the Act. Both cases were successful for the complainant (Campbell's on the second attempt; Cox's attempt was not judicially decided but an out of court settlement was reached before the issue could be tested in court) and an amendment to British law to incorporate a provision for privacy is expected to be introduced.
- Venables and Thompson v. News Group Newspapers [2001] 1 All ER 908, the James Bulger murder case tested whether the Article 8 (privacy) rights of Venables and Thomson, the convicted murderers of Bulger, applied when four newspapers sought to publish their new identities and whereabouts, using their Article 10 rights of freedom of expression. The judge, Dame Elizabeth Butler-Sloss, granted permanent global injunctions ordering that the material not be published because of the disastrous consequences such disclosure might have for the former convicts, not least the possibility of physical harm or death (hence claims for Article 2 rights (right to life) were entertained, and sympathised with).
- A and Others v. Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56, on 16 December 2004, the House of Lords held that Part 4 of the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, under whose powers a number of non-UK nationals were detained in Belmarsh Prison, was incompatible with the Human Rights Act. This precipitated the enactment of the Prevention of Terrorism Act 2005 to replace Part 4 of the 2001 Act.
- R. v. Chauhan and Hollingsworth: Amesh Chauhan and Dean Hollingsworth were photographed by a speed camera in 2000. As is standard practice for those caught in this way, they were sent a form by the police asking them to identify who was driving the vehicle at the time. They protested under the Human Rights Act, arguing that they could not be required to give evidence against themselves. An initial judgment, by Judge Peter Crawford at Birmingham Crown Court, ruled in their favour[31] but this was later reversed. The same issue came to light in Scotland with Procurator Fiscal v Brown [2000] UKPC D3,[32] in which a woman, when apprehended on suspicion of theft of a bottle of gin, was drunk and was asked by police to identify who had been driving her car (which was nearby) at the time she arrived at the superstore.
- Price v. Leeds City Council [2005]:[33] On 16 March 2005 the Court of Appeal upheld a High Court ruling that Leeds City Council could not infringe the right to a home of a Romani family, the Maloneys, by evicting them from public land. The court however referred the case to the House of Lords as this decision conflicted with a ruling from the European Court of Human Rights (ECtHR).
- An NHS Trust v MB:[34] In March 2006, the High Court in London ruled against a hospital's bid to turn off the ventilator that kept the child, known as Baby MB, alive. The 19-month-old baby has the genetic condition spinal muscular atrophy, which leads to almost total paralysis. The parents of the child fought for his right to life, despite claims from medics that the invasive ventilation would cause an 'intolerable life'.
- Connors v. UK,[35] a judgment given by ECtHR, declared that travellers who had their licences to live on local authority-owned land suddenly revoked had been discriminated against, in comparison to the treatment of mobile-home owners who did not belong to the traveller population, and thus their Article 14 (protection from discrimination) and Article 8 (right to respect for the home) rights had been infringed. However, there has never been a case where the Act has been successfully invoked to allow travellers to remain on greenbelt land, and indeed the prospects of this ever happening seem highly unlikely after the House of Lords decision in Kay v Lambeth LBC which severely restricted the occasions on which Article 8 may be invoked to protect someone from eviction in the absence of some legal right over the land.
- Afghan hijackers case 2006, in May 2006, a politically controversial decision regarding the treatment of nine Afghan men who hijacked a plane to flee from the Taliban, caused widespread condemnation by many tabloid newspapers (most notably The Sun), the broadsheets and the leaders of both the Labour Party and the Conservative Party. It was ruled by an Immigration Tribunal, under the Human Rights Act, that the hijackers could remain in the United Kingdom; a subsequent court decision ruled that the government had abused its power in restricting the hijackers' right to work.
- Mosley v News Group Newspapers Limited (2008), Max Mosley challenged an invasion of his private life after the News of the World exposed his involvement in a sadomasochistic sex act. The case resulted in Mr Mosley being awarded £60,000 in damages.
Crítica
Excessive rights
During the campaign for the 2005 parliamentary elections the Conservatives under Michael Howard declared their intention to "overhaul or scrap" the Human Rights Act:
The time had come to liberate the nation from the avalanche of political correctness, costly litigation, feeble justice, and culture of compensation running riot in Britain today and warning that the politically correct regime ushered in by Labour's enthusiastic adoption of human rights legislation has turned the age-old principle of fairness on its head.[36]
The schoolboy arsonist allowed back into the classroom because enforcing discipline apparently denied his right to education; the convicted rapist given £4000 compensation because his second appeal was delayed; the burglar given taxpayers' money to sue the man whose house he broke into; travellers who thumb their nose at the law allowed to stay on green belt sites they have occupied in defiance of planning laws.[37][36]
The schoolboy referred to was speculatively suing for compensation and was a university student at the time of the court case.[38] In addition, the claim was rejected.[clarification needed][39]
Judicial powers
Constitutional critics since the Human Rights Bill was tabled at parliament claimed it would result in the unelected judiciary making substantive judgments about government policies and "mass-legislating" in their amendments to the common law resulting in a usurpation of Parliament's legislative supremacy and an expansion of the UK courts' justiciability. A leading case of R (on the application of Daly) v Secretary of State for the Home Department highlights how the new proportionality test borrowed from ECtHR jurisprudence has allowed a greater scrutiny of the substantive merits of decisions of public bodies, meaning that actions against such bodies, Judicial Reviews, are more of an appeal than a traditional judicial review.[40]
They stress the overriding interpretative obligation of courts under section 3(1) of the Human Rights Act to read primary legislation as Convention-compliant, so far as is possible, is not dependent upon the presence of ambiguity in legislation.[40] Section 3(1) could require the court to depart from the unambiguous meaning that legislation would otherwise bear subject to the constraint that this modified interpretation must be one "possible" interpretation of the legislation.[41] Paul Craig argues that this results in the courts adopting linguistically strained interpretations instead of issuing declarations of incompatibility.
Journalistic freedom
In 2008, Paul Dacre (as editor of the Daily Mail) criticised the Human Rights Act for allowing, in effect, a right to privacy at English law despite the fact that Parliament has not passed such legislation.[citation needed] He was referring to the indirect horizontal effect of the Human Rights Act on the doctrine of breach of confidence which has moved English law closer towards a common law right to privacy.[42] In response, Baron Falconer (as Lord Chancellor) stated that the Human Rights Act had been passed by Parliament, that people's private lives needed protection and that the judge in the case had interpreted relevant authorities correctly.[43]
Inadequacy
In contrast, some have argued that the Human Rights Act does not give adequate protection to rights because of the ability for the government to derogate from Convention rights under article 15. Recent cases such as R (ProLife Alliance) v. BBC [2002] EWCA Civ 297 have been decided in reference to common law rights rather than statutory rights. Where there is no clear precedent in the common law, judges remain accused of judicial activism.[44]
Some politicians in the two largest parties, including some ministers, have criticised the Human Rights Act as to the willingness of the judiciary to make declarations on incompatibility against terrorism legislation. Baron Reid argued that the Act was hampering the fight against global terrorism in regard to controversial control orders:
There is a very serious threat – and I am the first to admit that the means we have of fighting it are so inadequate that we are fighting with one arm tied behind our backs. So I hope when we bring forward proposals in the next few weeks that we will have a little less party politics and a little more support for national security.[45]
Reemplazo planificado
In 2007, Howard's successor as Leader of the Opposition, David Cameron, vowed to repeal the Human Rights Act if he was elected, instead replacing it with a "Bill of Rights" for Britain.[46] The human rights organisation JUSTICE released a discussion paper entitled A Bill of Rights for Britain?, examining the case for updating the Human Rights Act with an entrenched bill.[47]
Following the 2010 general election, the Conservative–Liberal Democrat coalition agreement said that the Human Rights Act would be investigated.[48]
In 2011, following controversial rulings from both the European Court of Human Rights (ECtHR) and the Supreme Court of the United Kingdom, David Cameron suggested a "British Bill of Rights".[49] The government commission set up to investigate the case for a Bill of Rights had a split of opinion.[50]
Judge Dean Spielmann, the President of ECtHR, warned in 2013 that the United Kingdom could not withdraw from the Convention on Human Rights without jeopardising its membership of the European Union.[51]
In 2014, the Conservative Party planned to repeal the Act and replace it with a "British Bill of Rights".[52]
Following the 2015 election win for the Conservative Party, Michael Gove, the Secretary of State for Justice, was charged with implementing the reforms which were previously blocked by the Liberal Democrats in the coalition government.[53] The Conservative Party manifesto said that the new bill will "break the formal link between British Courts and the European Court of Human Rights".[54] As before 1998, claims relying on ECtHR jurisprudence which conflicted with the "British Bill of Rights" would have to go to a court in Strasbourg rather than being able to be heard in the UK.[55]
However, the Conservatives' manifesto from the next general election in 2017 pledged to retain the Human Rights Act "while the process of Brexit is underway".[56][needs update]
Ver también
- Human rights in the United Kingdom
- Joint Committee on Human Rights
- Declaration of incompatibility
- Presumption of guilt
- Presumption of innocence
Referencias
- ^ "A Guide to the Human Rights Act 1998: Questions and Answers" (PDF). JUSTICE. December 2000. Archived from the original (PDF) on 12 March 2002.
- ^ Pattinson, Shaun D (1 March 2015). "The Human Rights Act and the doctrine of precedent" (PDF). Legal Studies. 35 (1): 142–164. doi:10.1111/lest.12049. ISSN 1748-121X.
- ^ Blick, Andrew (13 March 2015). "Magna Carta and contemporary constitutional change". History & Policy. History & Policy. Retrieved 21 July 2016.
- ^ Home Office, “Rights Brought Home: The Human Rights Bill” (Cm 3782, 1997) para 1.14
- ^ a b Hoffman, Rowe (2006). p. 58.
- ^ Hoffman, Rowe (2008). p. 59.
- ^ Hoffman, Rowe (2006). pp. 60–61.
- ^ Hoffman, Rowe (2006). pp. 60–62.
- ^ a b c "Human Rights Act 1998: Section 4". legislation.gov.uk. Retrieved 11 January 2011.
- ^ Hoffman, Rowe (2006). p. 60.
- ^ a b Hoffman, Rowe (2006). pp. 64.–65.
- ^ Hoffman, Rowe (2006). pp. 65.–66.
- ^ Human Rights act, section 10
- ^ Human Rights Act, schedule 2, subsection 4
- ^ Human Rights Act, schedule 2, subsection 1, clause 4
- ^ Hoffman, Rowe (2006). p. 66.
- ^ a b "Responding to human rights judgments" (PDF). Retrieved 13 October 2020.
- ^ Section 6(1)
- ^ Section 6(3)(b)
- ^ Section 6(3)(a)
- ^ The full text of Schedule 1 (along with that of the rest of the Act) can be found at the Office of Public Sector Information Website: [1]
- ^ Section 2
- ^ Section 7(7)
- ^ Section 8(1)
- ^ Cf. sections 8(2)-(5) and Section 9(2)-(3) which provides additional protection to the courts.
- ^ Section 6(2).
- ^ Section 3(1)
- ^ Section 4
- ^ "Human Rights Act 1998".
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Otras lecturas
- Amos, Merris (2014). Human Rights Law. Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-78225-443-0.
- Amos, Merris (2013). "Transplanting Human Rights Norms: The Case of the United Kingdom's Human Rights Act". Human Rights Quarterly. 35 (2): 386–407. doi:10.1353/hrq.2013.0021. S2CID 143564440.
- Blick, Andrew (2015). 'Magna Carta and contemporary constitutional change'. History & Policy.
- Cowell, Frederick (2017). Critically Examining the Case Against the 1998 Human Rights Act. Routledge. ISBN 978-1-315-31003-9.
- Hoffman, David; Rowe, John (2006). Human Rights in the UK: an Introduction to the Human Rights Act 1998 (2nd ed.). Harlow, United Kingdom: Pearson Longman. ISBN 978-1-4058-2393-7.
- Wadham, John; Mountfield, Helen; Prochaska, Elizabeth; Desai, Christopher Brown (2015). Blackstone's Guide to the Human Rights Act 1998 (7th ed.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198705758.
enlaces externos
- Fifty Human Rights Cases That Transformed Britain – Infographic
- A New British Bill of Rights: The Case For
- Rights Brought Home: Government white paper
- Human Rights Act 1998 Leaflet with detailed information from Community Legal Service Direct.
- The Human Rights Act – Exploding the Myths by Liberty
- A table of all of the declarations of incompatibility which the courts have made as of 1 August 2006 from the Department for Constitutional Affairs
- The Impact of the Human Rights Act 1998 on Policing in England and Wales